Aun en los tiempos corrientes de crisis en los medios impresos, The New York Times es el periódico más influyente del planeta. Los motivos son múltiples: su enorme colección de premios “Pulitzer”; sus coberturas globales; su tradición de casi 170 años; su negativa a ser comprado por alguno de los grandes conglomerados mediáticos del mundo; el prestigio de su familia propietaria…
El “Times”, como muchos lo conocen, no es el diario más importante del mundo debido a que todos los materiales que publica estén a la altura de su fama, sino porque además de los motivos arriba descritos, ha asumido con mucha frecuencia errores en sus coberturas, casi siempre provocados por reporteros sin escrúpulos y hambrientos de fama.
En 2003 y tras cuatro años de un avance sostenido en la redacción del “Times”, Jayson Blair, entonces de 27 años, fue cesado en medio de un escándalo por mentiras recurrentes que nunca fueron detectadas por lo que se esperaba fueran celosos editores. Una indagatoria ordenada por el periódico derivó en un profuso reporte que ocupó varias páginas del diario, detallando falsedades descaradas de Blair sobre hechos concretos, exageraciones, malicia expresa en el manejo de temas y una compulsión para poner en ridículo a su casa editorial.
Lo que ese reporte no dijo es que Blair, además de la indolencia de sus jefes, se había beneficiado de cierta tolerancia laboral por ser parte de una minoría étnica, la afroamericana.
Pasado el tiempo, Blair publicó el libro titulado “Cómo engañé a The New York Times”.Sus supervisores inmediatos y varias cabezas en la cadena de mando salieron de la organización. El tema se constituyó no solo en una afrenta histórica para la credibilidad del “Times”, sino en una muestra de cómo un gran medio encara sus crisis.
Esta semana, en el pasado día de Navidad, el nobel corresponsal del rotativo neoyorkino en México, Azam Ahmed, publicó un extenso reporte con inicio en primera plana. El eje de su información es la tesis de que la administración Peña Nieto dicta los criterios editoriales de los periódicos mexicanos a los que les da publicidad, rubro en el que el actual gobierno, dice el reportaje, ha gastado 2 mil millones de dólares.
En lo personal, formo filas entre quienes consideran que los fondos públicos canalizados a los medios de comunicación, en el ámbito nacional o estatal, son usados bajo un modelo perverso que deposita enorme discrecionalidad en las manos de funcionarios públicos, que llegan a erigirse en señores de horca y cuchillo y gustan de actuar como censores, especialmente sobre medios pequeños o editores medrosos. No es extraño que jefes de prensa en todo el país reclamen un porcentaje de la publicidad que autorizan. Este modelo afecta igualmente a medios profesionales y, desde luego, al ejercicio de la libertad de expresión. Tal modelo ha dejado de ser útil para todos y urge cambiarlo, como la ha dispuesto una reciente resolución de la Corte mexicana.
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