No es posible combatir la corrupción del gobierno sin combatir el financiamiento ilegal de las campañas políticas.
Así empieza su texto en ¿Y ahora qué? México ante el 2018, Luis Carlos Ugalde, y no hay manera de contradecirlo.
La ola de corrupción que hoy vivimos y que en mucho marca la ola de indignación que ha dado rumbo a las preferencias electorales tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos lustros y que hay que buscar en el arreglo federal, la democratización y las leyes electorales que se han parchado en repetidas ocasiones y que hoy son un paraíso para el arreglo ilegal.
¿Cuánto cuesta ser candidato a diputado, senador, presidente municipal, presidente? Muchos millones. Muchos más de lo que el INE pone como topes, mucho más que lo que el INE da en recursos públicos y de lo que aprueba como recursos privados.
Lo saben los partidos, lo saben los candidatos, lo sabe la autoridad.
Si alguna enorme simulación vivimos es esa.
Todo candidato llega a ejercer su rol, si resulta electo, lleno de compromisos del dinero que ha tenido que recaudar, la mayor parte ilegal. De empresarios, grupos de interés, grandes sindicatos, gobiernos de su mismo partido, contratistas, intermediarios.
Yo te “dono” las camionetas, pero luego espero que tu gobierno me compre todas las camionetas, te “dono” las camisetas, pero luego todos los uniformes serán para mí. Y así.
Los partidos, sin un pelo de tontos, han encargado al INE hacer toda la fiscalización en esta elección monstruosa por sus números. No hay institución que lo logre. La lógica es clara: si le encargamos a esa institución algo para lo que no está preparada ni especializada, por bien que lo haga, mucho colaremos.
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