La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno mexicano a realizar las investigaciones correspondientes cuando se denuncien presuntas ejecuciones extrajudiciales realizadas por elementos de Fuerzas Federales.
Durante la comparecencia del gobierno federal ante la CIDH, el experto en materia de derechos humanos de dicha instancia, James Cavallaro, señaló que las investigaciones relacionadas con denuncias contra el Ejército, la Marina y corporaciones policiacas deben ser exhaustivas pues el número de presuntos delincuentes fallecidos contrasta con el número de elementos federales que participan en los operativos.
“Cuando hay enfrentamientos reales y se habla de la delincuencia organizada con capacidad de fuego alta, se supone que hay algún tipo de equilibrio. Por tener capacitación más profesional, las fuerzas de orden tendrían menos bajas que los delincuentes, pero las cifras son 20 veces más altas, y cuando se desglosa, con la Secretaría de Marina llega a 60 veces más.
“Se dice que este caso va a ser investigado, y que el otro va a ser investigado, pero cuando se habla de cuatro mil personas muertas contra 200 militares…”, señaló Cavallaro poniendo como ejemplo casos como el de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán, entre otros.
Precisó que no quiere que “ningún agente del Estado se muera por su trabajo, pero tampoco queremos que civiles mueran por falta de reconocimiento de la gravedad del problema”.
Al respecto, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que es importante para el gobierno federal mantener a las fuerzas militares realizando tareas de tipo policial ante el gran armamento de la delincuencia organizada.
El funcionario reconoció la gravedad de los casos referidos, así como otros (Ostula, entre ellos) y sostuvo que se están haciendo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidad de las autoridades.
(Con información de Reforma)
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