En días recientes Nuevo León se ha convertido en el “epicentro” de mujeres desaparecidas. En menos de un mes, el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) ha emitido alertas por la ausencia (voluntaria o involuntaria) de mas de 20 jóvenes. Por fortuna 12 han sido localizadas con vida, pero al menos otras nueve de la zona metropolitana de Monterrey siguen sin aparecer.
No obstante, el descubrimiento del cadáver de María Fernanda Contreras, de 27 años, ha provocado una serie de movilizaciones en la capital de la entidad, lo que obligó al gobernador Samuel García a anunciar la creación urgente de un grupo especial de búsqueda
Es en este marco que María de la Luz Balderas, titular de la Comisión Local para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, aseguró que la mayoría de los reportes que se reciben son de personas que se ausentan de manera voluntaria y que no quieren ser localizadas. “La mayoría de los reportes que se reciben en la Comisión Local de Búsqueda son personas que se ausentan en forma voluntaria y personas que no quieren ser localizadas”, dijo.
Como si fuera cosa menor, la funcionaria señaló que los reportes de desapariciones “son (mujeres) las que sufren algún tipo de violencia dentro de algún núcleo familiar”, lo que pone en evidenciaría, sin embargo, que en la entidad norteña del país no existen políticas públicas, programas sociales o protocolos para proteger a mujeres y niñas que son víctimas de violencia doméstica.
Las organizaciones han criticado la postura de la Fiscalía estatal, que afirma que la mayoría de las jóvenes se fueron por voluntad propia sin avisar a sus familiares. “La situación es demasiado grave y las autoridades siguen minimizando el problema”, apunta Angélica Orozco, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
“Estamos ante una crisis de desapariciones de mujeres muy jóvenes en la zona metropolitana, como hace seis meses la tuvimos en Sabinas, un municipio rural”, detalla Orozco, “pero la Fiscalía solo ve casos aislados”. La Fundenl,¡, que lleva 10 años documentando y acompañando casos de desaparecidos, alerta de que la respuesta de las instituciones sigue siendo la misma: “Criminalizar a las víctimas y voltearse a otro lado. Todo, menos enfrentar lo ocurrido. Si no se reconoce lo que ocurre, no se puede combatir”.
Las críticas a las autoridades han arreciado en la última semana tras el caso de María Fernanda Contreras, egresada del Tecnológico de Monterrey. Tras una salida con amigos, la joven avisó de que iba a pasar por Apodaca, un área industrial de la zona metropolitana, para acompañar a un supuesto amigo que quería comprarse un coche. Ella manejaba su propio auto. El 3 de abril a las 20.52 su madre recibió un último mensaje en el que decía que iba hacia la casa. Al transcurrir las horas y no conseguir comunicarse de nuevo con ella, la familia activó la búsqueda.
En la mañana del 4 de abril, su padre, Luis Carlos Contreras, presentó la denuncia por desaparición y compartió con la Fiscalía la zona donde se había activado la última conexión del móvil de María Fernanda. “Mi papá estuvo casi 24 horas fuera de la casa reportando a las autoridades, dando vueltas por tres horas en la zona donde se ubicó su celular”, escribió Fabiola Contreras en su cuenta de Twitter. La familia ha denunciado que ninguna fuerza de seguridad se presentó en el área localizada. “Lo peor es que las autoridades no hagan lo suficiente, se les proporcionó la ubicación del celular de mi hermana y no fueron”, contaba Contreras.
Tres días más tarde, la Fiscalía entró en una vivienda de la misma zona que había detectado la familia. Allí encontraron el cuerpo sin vida de la joven; presentaba fuertes golpes en la cabeza. El principal sospechoso del crimen había sido llamado a declarar el mismo 4 de abril, pero la policía no encontró pruebas para retenerlo, según ha denunciado también la familia de la víctima. Ahora está prófugo de la justicia.
Ante las deficiencias en la investigación, los colectivos feministas de Monterrey organizaron el pasado fin de semana dos jornadas consecutivas de protesta. Vanessa Jiménez, codirectora de la organización Voces de Mujeres en Acción, explica a EL PAÍS que era una manifestación pacífica en la que cubrieron con fichas de búsqueda de desaparecidas la entrada del Palacio de Gobierno y de la Fiscalía. Pidieron entrar a reunirse con el gobernador Samuel García para entregarle un pliego petitorio en el que exigen mayor celeridad en las búsquedas y mayor credibilidad a las víctimas.
Jiménez recuerda las palabras del secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, quien apuntó que las desaparecidas eran jóvenes que se habían olvidado de avisar a su mamá de que se iban. “La situación está terrible y es evidente la ineficiencia del Estado”, señala la activista. El choque de la policía con las manifestantes acabó con disturbios en el palacio de Gobierno.
Las críticas al fiscal y al secretario de Seguridad han obligado al gobernador García a anunciar este lunes la incorporación de 200 personas a un grupo especial de búsqueda de desaparecidas: “Iremos a buscar tanto a las mujeres como a sus violentadores, sin miedo y con todo el peso de la ley”, ha escrito el dirigente en su cuenta de Instagram. Además, la titular de la Comisión Local para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, María de la Luz Balderas, ha indicado que el Gobierno ha iniciado una búsqueda de emergencia para encontrar a Debanhi Susana Escobar, estudiante de Derecho.
La joven, de 18 años, desapareció el sábado en la madrugada, en el municipio de Escobedo, al norte de la zona metropolitana, tras acudir a una fiesta en una quinta con dos amigas. Ellas se fueron antes y mandaron a un conductor a recoger a Debanhi, pero por causas todavía desconocidas este terminó dejándola sola en el camino. Es ahí donde se localizó la última ubicación de la estudiante. “Es una chica muy carismática y noble, que cometió el error de confiar en quien no debía”, relata a EL PAÍS su prima Priscila Silva, quien ha compartido la última foto de Debanhi, que aparece con una falda larga en una carretera oscura. La historia de la imagen es confusa: las dos amigas han declarado que fue tomada por el conductor quien se la envió y ellas se la compartieron a la familia. “Desde entonces no hemos sabido nada de ella. Mis tíos ya no le pudieron contactar por teléfono”, apunta Solís. “Solo es una niña que ahora está en la lista de desaparecidas”.
Sólo en esta semana, abundó María de la Luz Balderas, se tuvo el reporte de la desaparición de una menor de 12 años y otra joven de 18, pero fueron localizadas. “Una de ellas se encontraba en casa de unos amigos, y pues la otra tuvo falta de comunicación con su madre”, explicó.
No obstante, la funcionaria explicó que con esta información no pretendemos minimizar el problema de las personas desaparecidas y no localizadas, vamos a continuar trabajando en forma conjunta y coordinada con todas las autoridades”.
Balderas no fue capaz de dar a conocer cuál es el número actual de mujeres desaparecidas ni otros detalles, por lo que anunció que ante tal problemática está dando conferencias de prensa semanales para anunciar los avances en las investigaciones y eventual localización de las mujeres y niñas desaparecidas.
Por su parte, Glen Villarreal Zambrano, vocero del Gobierno del Estado, afirmó que es falso que en Nuevo León esté operando una banda que secuestra mujeres por 10 mil pesos, como circula en redes sociales. “No tenemos un solo indicio, de los casos oficiales, que haya bandas de trata activas en este momento, secuestrando por 10 o 20 mil pesos a mujeres”, dijo.
Al reiterar que los mensajes de alerta sobre ‘levantones’ a mujeres son falsos, la titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, María de la Luz Balderas, dijo que la situación es una problemática nacional.
En la rueda de prensa Nuevo León Informa señaló que, para tranquilidad de la ciudadanía, se fortalecieron las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas, a las que se les destinó más presupuesto para la contratación de más personal, tecnología y equipamiento, además de capacitación.
