El sábado 13 de febrero, minutos antes de las 2 de la tarde, y en plena efervescencia por la visita del papa Francisco a la Basílica de Guadalupe, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, informó que Josele Márquez Balderas “El Chichi” había sido trasladado al penal de Puente Grande, en Jalisco. ¡Ah!, y que, por cierto, es el presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar.
Así sin más, sin dar una precisión del dato, el mandatario estatal difundió una pieza clave de la investigación sobre el homicidio de la reportera, sin mencionar la fuente o si forma parte de la averiguación de la Fiscalía de Veracruz. Nada.
Al día siguiente, el mandatario estatal no paro: afirmó que Flores Salazar utilizó la cuenta de Facebook Mariana Conteras para denunciar, tras la detención de “El Chichi”, a mandos de la policía municipal de Ciudad Mendoza presuntamente vinculados con el narco (e incluso adjunto una captura de pantalla de un celular).
En la imagen referida aparece el siguiente mensaje publicado en la página “Balaceras Orizaba 2”, a través del perfil de Mariana Conteras (el cual se “desactivó” tras la muerte de Flores Salazar): “Este es el tal cachorro omar escalona hijo del director de la policía de cd mendoza este es el sucesor del chichi es el nuevo jefe de los zetas en la región no tengan miedo de denucniarlo alas autoridades” (sic).
Embriagado por el ambiente festivo del Día de San Valentín, Duarte remató diciendo que la mejor manera que tienen las instituciones para celebrar el día del amor y de la amistad “es combatiendo las injusticias y la impunidad”, y sostuvo que “el verdadero enemigo de la libertad de expresión en Veracruz es el crimen organizado”. Así sin más, sin precisar si hay una investigación en contra de los policías señalados.
De este modo la autoridad máxima del estado de Veracruz, entidad federativa que encabeza los ataques a la prensa, según la CNDH, hizo comentarios acerca de un tema delicadísimo como es el asesinato de una periodista, sin dar bases de la investigación o sin siquiera señalar qué autoridad indaga el caso.
El lunes 15 de febrero, en conferencia de prensa, al ser increpado por la información difundida en su cuenta de Twitter, el gobernador veracruzano dijo que lo publicado tiene sustento en una investigación “independiente” a la de la Fiscalía.
¿Quién lleva esa investigación? ¿Para qué se tiene a la Fiscalía si el gobernador realiza sus “investigaciones” de forma independiente? ¿Es acaso la PGR quien hace la averiguación? Si es así (y aunque no lo fuera), ¿por qué difundir información sensible en una red social? ¿Qué tiene que decir la PGR sobre esta investigación paralela?
Aunado a ello, Duarte pidió, de manera enérgica, que no se criminalice a Anabel Flores Salazar y que se respete su trabajo periodístico (el cual, afirma, fue la razón del asesinato), olvidando que fue la fiscalía de su estado quien vinculó a la reportera, en un comunicado oficial (eliminado), con el crimen organizado basado en “comentarios de redes sociales”, como después afirmaría el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, en entrevista con Denise Maerker.
A este último punto hay que añadir que la información proviene de un “boletín anónimo” que llegó a diferentes medios, y en el cual se vincula a la excolaboradora de El Sol de Orizaba con el presunto sicario Víctor Osorio Santacruz “El Pantera”.
Ciro Gómez Leyva en su columna “La historia en breve” del martes 16 de febrero publica lo siguiente respecto a esta “filtración”: “El inocultable objetivo era exhibir las ligas de la reportera veracruzana con criminales. Era un boletín (fotos incluídas) con las huellas de un mal jefe de prensa gubernamental, o del crimen”.
Por si fuera poco, a esto hay que agregar la fotografía difundida por el abogado Jorge Reyes Peralta en la que aparece el director del periódico local El Buen Tono, José Abella García, en compañía de personas portando armas de grueso calibre.
A esto hay que sumar dos datos fundamentales: El Buen Tono ha sido atacado en distintas ocasiones por supuestos grupos delincuenciales y Reyes Peralta es vinculado con la organización criminal Los Zetas en el reportaje del semanario Proceso “Los Zetas hacen de Córdoba su feudo y su refugio”, publicado en su edición 1881.
El contexto actual de inseguridad que se vive en Veracruz (pese al pobre intento gubernamental de minimizar las cifras diciendo que es una cosa mal por 99 que salen bien) es muy complejo para un gobernador que se limita a decir “pórtense bien” y a publicar información, de manera informal, en Twitter.
Los periodistas, efectivamente, pueden estar vinculados con el crimen organizado pero aquí habría que hacer las siguientes preguntas: 1) Si la fiscalía tiene conocimiento de los presuntos nexos de colaboradores con delincuentes, ¿por qué no hacen nada? 2) ¿Todas las investigaciones son fundamentadas o están sustentadas en rumores y chismes? 3) ¿Por qué esperar a que asesinen a los comunicadores para salir a “justificar” que ya sabían que “andaba en malos pasos”?
Y es que el hecho de que un periodista sea halcón de un cártel no disminuye la responsabilidad gubernamental, al contrario, la amplifica cuando el gobernador presume que sólo roban golosinas en su estado o sencillamente pide que los reporteros “se porten bien” cual papá bonachón, pues deja en evidencia la inacción para ejercer la fuerza del Estado y para cumplir con su deber de garantizar la seguridad a los ciudadanos. Y esta omisión, ¿bajo qué lógica se justifica?
Ante esto, sólo queda plantear lo siguiente: ¿a qué juega el gobernador Duarte? ¿Qué espera difundiendo esta información de este modo? ¿Qué espera lograr con la inacción y las justificaciones de sus instituciones? ¿Aire suficiente para terminar su agonizante periodo o un elemento para desviar la atención del hecho de que simplemente el crimen organizado ha superado a la administración de Veracruz?
