Fraudes telefónicos, estafas en línea, empleados de ventanilla abusivos, inclusive familiares inescrupulosos, todos dirigen sus acciones contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los ancianos. El problema adquiere proporciones cada vez mayores: en EU genera un botín de 36 mil 500 millones de dólares (MDD) al año.
Unos cinco millones de adultos mayores son explotados financieramente cada año mediante estafas de todo tipo; en 2016, los centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EU llamaron la atención sobre la explotación de personas mayores como un problema de salud pública.
Según un reportaje de Nick Leiber para Bloomberg, el resultado de estas estafas llega a provocar decesos: “Estos crímenes están matando gente”, dice Elizabeth Loewy, que dirigió en el pasado la unidad de maltrato de ancianos en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. Mientras los casos de explotación financiera aumentaron constantemente a cientos por año en su oficina, confesó que muchos “miembros de familia me dijeron: –No puedo probarlo, pero esto lo mató'”.
A medida que los llamados ‘baby boomers’ (nacidos después de la II Guerra Mundial) se fueron retirando y disminuía su capacidad para administrar miles de millones de dólares en bienes personales, comenzó a aumentar el número total de víctimas por estafadores, familiares y amigos codiciosos.
Una firma de servicios financieros estima que las personas mayores pierden hasta 36 mil 500 MDD, pero las evaluaciones de este tipo están “subestimadas en gran medida”, según un estudio de 2016 de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York, por cada caso reportado a las autoridades, hasta 44 no lo son.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Llamaron la atención sobre la explotación de personas mayores como un problema de salud pública en un informe de 2016, citando una investigación pionera realizada dos décadas antes por Mark Lachs.
Ahora corresponsable de la División de Geriatría y Medicina Preventiva en Weill Cornell Medicine y el hospital presbiteriano de Nueva York, Lachs dice que las personas mayores víctimas de abuso (incluidas las que sufren explotación financiera) mueren a un ritmo tres veces más rápido que las que no han sufrido abuso. Es una “crisis de salud pública”, advierte.
Una llamada telefónica que dice que ganaste un premio de un concurso, y que podía cobrar las ganancias una vez que pagara impuestos y tarifas. Esquema de este tipo pueden ser particularmente eficaces con personas disminuidas y que usualmente viven solas. Una vez engañados, suelen esconder el hecho a sus parientes, por vergüenza o avaricia.
Los estafadores a menudo presionan a las víctimas para que guarden secreto, dice un investigador que ayudó a desentrañar un esfuerzo para explotar a una mujer de 82 años. Su familia no se dio cuenta de que algo andaba mal hasta que comenzó a pedir dinero prestado, inusual para una mujer que admiraban por su independencia financiera.
En otro caso, una contable jubilada en Creswell, Oregón, dice que el declive mental y físico de sus padres se aceleró después de que un asistente del gerente de un banco local, se hiciera amigo de los octogenarios y les robara 100 mil dólares en 2014. Para ocultar el robo, la ladrona le dijo a la anciana que su esposo, a quien le habían diagnosticado Alzheimer a los 85 años, le dio el dinero. La mentira agrió los últimos dos años que la pareja tuvo, mientras el padre se cuestionaba a sí mismo y su esposa lo interrogaba.
Para 2016, su madre se había postrado en la cama, y finalmente murió en junio de ese año. El padre murió en diciembre de 2017, unas semanas antes de que la ladrona fuera sentenciado a 10 meses de cárcel. Paiz fue atrapada y condenada gracias a un detective obstinado y a la fiscalía del condado de King en Seattle, que había establecido una unidad de maltrato para personas mayores en 2001.
Para colmo de males, el banco donde trabajaba la ladrona no devolvió el dinero hasta que recibió por correo electrónico una carta incriminatoria que la ladrona escribió a sus víctimas.
La explotación financiera de adultos mayores es “un grave problema en el sentido de que es profundamente destructivo”, dice Page Ulrey, un fiscal adjunto que se convirtió en el primer miembro de la unidad de Seattle. La mayoría de sus casos son financieros, involucrando víctimas que rara vez recuperan su dinero. “Usualmente están emocionalmente devastados como resultado de haber sido traicionados”, agrega.
En muchos casos, puede parecer que la víctima dio su consentimiento pero a menudo ésta se basa en manipulación o engaño. Las víctimas a menudo “tienen algún nivel de deterioro cognitivo, lo que les dificulta realmente descubrir la verdad de lo que está sucediendo”, dice Ulrey.
Como resultado, muchos de los casos dependen de poder demostrar capacidad disminuida. “Obviamente, usted tiene derecho a dar su dinero a quien quiera, incluso si su familia lo desaprueba”, dice Ulrey; pero si una evaluación muestra que una víctima carece de la capacidad necesaria para tomar decisiones financieras, “potencialmente tenemos un caso penal más sólido”.
En 2015, Mark Lachs acuñó en Weill Cornell el término “vulnerabilidad financiera asociada a la edad” (AAFV, por sus siglas en inglés) para hacer sonar la alarma; fue definido como un “patrón de toma de decisiones financieras imprudentes que comienza a una edad avanzada y pone a los adultos mayores en riesgo de pérdidas materiales que podrían diezmar su calidad de vida”.
El juicio financiero puede comenzar a fallar antes que la cognición normal lo haga, dice Lachs, independientemente de si la persona era inteligente con el dinero cuando eran más jóvenes.
La respuesta del gobierno federal no parece suficiente; Joe Snyder, que era director de servicios de protección para adultos mayores en la Corporación para el Envejecimiento de Filadelfia, dice que antes de jubilarse supervisó a 27 investigadores con recursos limitados que manejaban unos tres mil 500 casos al año.
La Ley de Justicia para Ancianos, la primera legislación integral para abordar el abuso de personas mayores, se promulgó en 2010, pero no se financió sino hasta 2015, cuando se le asignaron cuatro millones de dólares. Originalmente, la asignación debía ser más cercana a mil MDD, según Marie-Therese Connolly, exabogada del Departamento de Justicia que defendió la ley.
En febrero, el Departamento de Justicia anunció “la mayor redada coordinada de casos de fraude a personas mayores en la historia”, y acusó a más de 250 acusados de esquemas que causaron que un millón de estadounidenses en su mayoría ancianos perdieran más de 500 MDD.
La red de arrastre, que duró un año, es parte de un esfuerzo continuo “para detectar e infiltrar estas organizaciones criminales que intentan explotar a los ancianos”, dice Antoinette Bacon, una fiscal de carrera que sirve como coordinadora nacional de justicia de ancianos del Departamento de Justicia.
Su puesto fue creado a través de la Ley de Prevención y Enjuiciamiento de la Justicia para Ancianos, una ley firmada por el presidente Donald Trump en octubre para mejorar la coordinación entre las agencias federales, estatales y locales.
El peor dato sobre la explotación de ancianos es que casi el 60 por ciento de los casos involucran a un perpetrador que es miembro de la familia, según un estudio realizado en 2014 por Lachs y otros, situación especialmente delicada pues las víctimas a menudo no quieren o no pueden buscar justicia.
“A menudo es una experiencia lenta, constante e implacable”, dice Joy Solomon, ex fiscal de Nueva York y directora del centro. Ella dice que su equipo está viendo un aumento en las personas mayores que se presentan en el tribunal de vivienda, porque están siendo desalojados. “Muchas han sido explotadas financieramente y ni siquiera saben lo que sucede hasta que reciben el aviso”.
A menos que descubramos cómo proteger los bienes de las personas mayores de esta epidemia, “vamos a llegar a un lugar donde veremos a muchos ancianos sin hogar en la calle“, advierte Solomon.
En México hay poca información y estadísticas sobre el tema, pero destaca una página web de la Procuraduría de Justicia Capitalina orientada a informar y prevenir al público sobre la ciberdelincuencia: http://data.ssp.cdmx.gob.mx/ciberdelincuencia.html
En la década de los 80’s, eran bien definidas las tecnologías de comunicaciones, televisores, radios, teléfonos, etc., y por otro lado, las tecnologías de información consistentes en equipos de cómputo. Con la llegada de la “digitalización”, la frontera entre ambas tecnologías fue desapareciendo, explica.
Hoy en día prevalece el concepto de las TIC’s, Tecnologías de Información. Los “Nativos Digitales” (nacidos en los 90 y después) y sus padres, los “Inmigrantes Digitales” (nacidos antes). interactúan en el mundo virtual de muy distinta forma, “debiendo los padres actuales, en su gran mayoría ‘Inmigrantes Digitales’, asumir el rol de guía en un mundo virtual desconocido y muchas veces peligroso”.
El mundo virtual actual, añade, “nos permite estar conectados, comunicados y con acceso a un sinfín de información; herramientas que deben ser operadas con responsabilidad y honestidad, canalizadas a través de un entorno seguro y respetuoso, lo que nos orilla a pensar en apegarnos a reglas de ‘Civismo Digital'”.
Para “prevenir la comisión de delitos que usan como medio el internet, en apego al Marco Jurídico y respetando los Derechos Humanos”, el sitio web ofrece líneas de acción por tema y dispositivos, cibertips para desempeñasre de un modo más seguro en la red Internet y mantiene una lista actualizada de “ciberalertas”, en las que se informa al público sobre fraudes y engaños que se suscitan a través de las redes sociales, el correo electrónico y, en general, la navegación online.
aml
