La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta para modificar la distribución de los refugiados dentro del territorio de los 28 Estados, con la cual implementará multas de 250 mil euros por cada persona rechazada.
De acuerdo con el proyecto los países podrán activar un mecanismo de distribución automática cuando reciban 50% más solicitudes de asilo que las que puedan atender.
Dicho mecanismo obliga a los demás países a repartirse automáticamente las solicitudes, sin embargo, en caso de que alguno se niegue será acreedor a una multa de 250 mil euros por cada petición rechazada.
Asimismo, la nueva norma plantea, por primera vez, castigos a los refugiados que vulneren las reglas de la Unión Europea (UE), tales como registrarse en el primer país del bloque al que llegaron.
La crisis de los refugiados fue uno de los principales temas del 2015, el cual no sólo adquirió relevancia por tratarse de personas que escapan de la guerra y el terrorismo, sino porque evidenció la falta de acuerdo y comunicación que existe en la UE.
Desde el principio de problema lo 28 no han podido ponerse de acuerdo para la distribución de la personas, y son países como Alemania y Suecia los que reciben a más del 50% por ser la meta de los migrantes.
En tanto que, Grecia está al límite porque es territorio por el que ingresa la mayoría de los asilados, los cuales provienen de Irak y Siria.
Es por eso que nuevamente, y con la esperanza de que esta vez todos acepten y cumplan la normativa, la Comisión presentó un documento de 111 páginas donde explica el proceso.
Cada país atenderá a un número específico de peticiones, el cual será determinado de acuerdo con su PIB, población y número de refugiados que ha acogido desde países terceros.
En caso de que la demanda sea superada en más del 50%, los Estados podrán activar una alerta para que los demás territorios se repartan las solicitudes.
La agencia europea de asilo (EASO, por sus siglas en inglés) fijará el número de peticiones por país y controlará todo el proceso que será permanente y aplicará en cualquier crisis similar.
El dinero recaudado por las multas será entregado al país que finalmente se haga cargo del refugiado para costear todos los gastos que este genere, mismo que rondan en 12 mil euros anuales.
(Con información de El País)
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