Funcionarios de Estados Unidos han declinado involucrarse en la investigación que el gobierno de México lleva a cabo sobre la adquisición del programa Pegasus y su uso con fines de espionaje.
De acuerdo con un reportaje publicado este martes en el diario estadounidense The New York Times, esta negativa obedece a la preocupación de que se quiera utilizar a EU para encubrir lo que se considera una indagatoria simulada, según expresaron “oficiales de alto nivel”, cuyas identidades no se revelan.
Los servidores públicos estadounidenses consultados por el reportero Azam Ahmed, indicaron que si el gobierno mexicano realmente quisiera hacerlo, podría por sí mismo esclarecer el caso, sin embargo, se verían comprometidos destacados funcionarios mexicanos y al pedir el apoyo de EU se le daría a la investigación una apariencia de exhaustividad y credibilidad que de otro modo no tendría.
El reporte del NYT señala que a más de seis que meses que este diario revelara el espionaje a periodistas y activistas a través del uso del programa Pegasus, no ha habido un avance sustancial en las investigaciones que anunció el gobierno de México, y ni siquiera se ha citado a declarar a ningún de los funcionarios responsables de la adquisición y operación del software, según denunciaron los abogados de algunas de las víctimas de estas prácticas.
Al buscar el punto de vista de las autoridades mexicanas, apunta el reportero Ahmed, ningún funcionario quiso hacer comentarios y sólo se le dijo que la indagatoria sigue su curso y se agotarán todas las líneas de investigación. Asimismo, le aseguraron que estaban en contacto con expertos del Citizen Lab en la Facultad de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto para tal propósito.
Sin embargo, integrantes del Citizen Lab negaron esta versión y afirmaron que en seis meses han tenido una sola reunión, en octubre pasado. John Scott-Railton, investigador de este grupo, indicó que en ella se sugirieron al gobierno de México algunas líneas para indagar este caso.
Los abogados de las víctimas de espionaje se muestran poco optimistas e incluso escépticos respecto a la seriedad de la investigación, pues hasta la fecha no han revisado los servidores desde los cuales se empleaba el software y de acuerdo con expertos informáticos a los que han consultado, en ellos debe haber un registro preciso de los celulares y dispositivos intervenidos.
Consultada por Ahmed, la periodista Carmen Aristegui, una de las afectadas, expresó: “Sabíamos desde el principio que iba a ser muy difícil que hubiera una verdadera investigación, pero esta es una muestra clara de la falta de un sistema independiente en México. Somos los blancos políticos de un Gobierno que combate a sus críticos con herramientas ilegales”.
Los representantes legales de quienes han sido objeto de espionaje, presentaron demandas contra el Gobierno con el fin de forzar una investigación más exhaustiva. Como respuesta, la PGR y otras instancias a cargo de las indagatorias negaron inacción y afirman esperando el mejor momento para revisar los servidores e interrogar a los participantes del programa espía.
Recientemente, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documentó nexos entre un funcionario que trabajaba en la PGR y la empresa que le vendió el software a la dependencia.
Al respecto, Salvador Camarena, integrante de dicha agrupación y también víctima de espionaje, había declinado presentar una denuncia por considerarlo una pérdida de tiempo, sin embargo, cambió de opinión y ha resuelto hacerlo, más por inquietud periodística que por confianza en la autoridad.
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