La soberanía de una nación se expresa en el respeto a los derechos sociales de su población, a las garantías individuales, a los derechos políticos de sus ciudadanos; en la protección de sus recursos naturales y económicos, de su territorio, de su cultura, etcétera. Inicia con un proceso interno porque su fuerza legal, política, económica y cultural, la constituyen los connacionales a través de un pacto social que se expresa en la Constitución. Una comprensión amplia e inclusiva de la soberanía requiere algo más que teoría política; requiere sentido histórico, filosófico y jurídico de la mecánica del cambio de régimen en el siglo XXI, y, definitivamente, mucho más que oficios dictados, a petición de parte, por gobiernos autoritarios que lucran con la historia para tratar de evitar que el mundo reconozca la ausencia de elecciones democráticas.
Sin soberanía nacional, la sociedad queda indefensa ante un gobierno que no respeta el pacto social y basa su autoridad en su fuerza militar, en la represión y en la censura. En Venezuela los medios de información de circulación nacional tienen prohibido mencionar el nombre de Juan Guaidó, presidente encargado de dirigir la transición democrática en Venezuela y llamar a elecciones libres y soberanas. Repetidamente, en su cuenta de Twitter, Guaidó hace un llamado de atención a “no caer en desinformación ni mensajes que buscan división. Momento de unión y articulación de todos los factores y partidos del país. Atentos siempre a verificar fuente de la información antes de difundir”. La desinformación, las noticias falsas, el miedo, el escándalo, la confrontación son el recurso de una dictadura que logró manipular, por dos décadas, a millones de venezolanos, y en el proceso destruyó al Estado de derecho y a su propia base social.
Hoy, escucho un clamor por la reivindicación de los derechos humanos y por la reconstrucción del pacto social en Venezuela que crece allende sus fronteras (militarizadas con apoyo de soldados rusos), se funda en la restauración de la soberanía territorial y llama a los defensores de los derechos humanos a cruzar esas fronteras que han dejado sin instituciones, sin derechos y sin recursos a la mayoría de los venezolanos. Es inhumano generar pobreza, rencor, hambre y terror con el uso de una represión ilegítima por parte del Estado y cuantimás, si el encargado de poner orden, el Tribunal Supremo de Justicia, es designado arbitrariamente por el dictador, antes de perder la mayoría en la Asamblea Nacional Venezolana (ANV), y solo persigue, castiga y encarcela a la oposición, venga de donde venga. Ante este panorama, cobra una fuerza fundamental el discurso de Juan Guaidó: “Colaborar con el sistema no le garantiza nada a nadie”. La intervención internacional se exige cuando los derechos humanos están vulnerados, todos somos testigos de la crisis humanitaria, la solicitud de refugio que los venezolanos piden a los países vecinos, del nivel de la inflación, del desabasto, de la desnutrición.
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