El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mayor red pública de seguridad social en el país, tiene previstos más de 120 hospitales especializados para frenar el avance del coronavirus. Más de 10.000 enfermeras y 5.000 médicos están en la primera línea de combate a la pandemia. El Hospital General de Zona 57 en Cuatitlán Izcalli, en la periferia de Ciudad de México, no es una de ellas. Hace dos semanas, sin embargo, las cosas cambiaron por completo. Un grupo de trabajadores sanitarios de ese centro de salud empezó a notar que sus compañeros de guardia y los pacientes que estaban ingresados por otros padecimientos desarrollaban síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar. Y decidieron alzar la voz. Al menos una decena de médicos y enfermeras pidieron incapacidades, algunos con pruebas que confirmaron el contagio, aplicadas por el propio IMSS.
Las autoridades, en cambio, no reconocen en el papel ningún brote ni ningún caso confirmado. En menos de 10 días, las solicitudes de pruebas, insumos médicos y equipo de protección se han disparado en un hospital que no tenía planes ni capacidad para afrontar la pandemia, pero que, en términos prácticos, ya lo está haciendo. “La versión oficial es aquí no pasó nada, nadie nos da la cara”, afirma una enfermera que pide el anonimato.
Los testimonios coinciden en que el brote apareció en torno al 7 de abril, cuando una paciente ingresó por la noche a la sala de urgencias con problemas respiratorios, aseguran siete trabajadores consultados por EL PAÍS. La necesidad de despejar la zona de urgencias y brindar atención oportuna a enfermos en situación crítica hizo que una doctora decidiera internarla, a pesar de que la instrucción que habían recibido los trabajadores era no aceptar ningún paciente con cuadros respiratorios y canalizarlos a los hospitales de referencia. “Al no ser un ‘hospital covid’, en las últimas semanas nos envían más pacientes con otros padecimientos de los centros de referencia, han llegado muchísimos”, comenta otra enfermera.
La dirección sostiene, dicen los trabajadores, que esta persona fue diagnosticada con influenza y que se le aplicó una prueba de coronavirus, que salió negativa. Pero los trabajadores ponen en duda el manejo adecuado de las pruebas e insisten en que se debió haber respetado la instrucción de no admitir a pacientes respiratorios porque por urgencias pasan casos sospechosos de coronavirus y el riesgo de contaminación en la ropa o por contacto es latente. “Fue una negligencia y una decisión que nos expuso a todos”, asegura una enfermera. La duda no bastó para que se iniciara una investigación epidemiológica y la hipótesis de una contaminación desde la sala de urgencias fue desechada por la dirección del hospital, lamentan los empleados.
Esa semana, la mitad de los 30 enfermos ingresados en medicina interna empezó con síntomas. “Muchos son pacientes con insuficiencia renal, lupus o problemas del corazón, por definición, más vulnerables que un ‘enfermo normal”, explica una de las trabajadoras del turno nocturno. “Ese mismo día me empecé a sentir mal, tuve fiebre, dolor de cabeza y dolor en todo el cuerpo y al día siguiente pedí que me hicieran la prueba”, cuenta una enfermera que está de baja con diagnóstico positivo. Y ahí empezaron los problemas. “Otras dos compañeras se fueron de incapacidad y tuvieron que ser internadas, una de ellas tuvo que ser intubada”, asegura.
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