A pesar de que México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación ha tardado, en algunos casos, más 200 días para la instrumentación de medidas de protección para quienes están en riesgo, aun cuando la ley establece que un plazo de 9 horas.
De acuerdo con un reportaje de Latinus, la normativa que rige al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estipula que cuando un peticionario considere que está en peligro inminente, se debe catalogar como un caso de alto riesgo y en consecuencia deben ponerse en marcha algunas medidas de protección como la evacuación de la persona en riesgo, su reubicación temporal, la asignación de escoltas de cuerpos especializados, y el resguardo de inmuebles para las cuales se establece un plazo de tres horas.
Sin embargo, una auditoría del Órgano Interno de control de la Secretaría de Gobernación, determinó que en 2019 hubo casos en los que hubo desfases de uno a 185 días para entre la solicitud de protección y la clasificación del caso, mientras que para la instrumentación de medidas de protección, en algunos casos tardó hasta 206 días.
Consultada al respecto por Latinus, la periodista Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras y beneficiaria de este mecanismo, expuso que en la aplicación y seguimiento de las medidas de protección es donde se han encontrado los mayores problemas, tanto técnicos como económicos.
Si las personas amenazadas deciden no esperar la protección de la Segob y salen de sus lugares de origen por sus propios medios, al solicitar el apoyo federal se enfrentan a diversos obstáculos con el argumento de que no fueron extraídos de su estado por las autoridades locales.
Alma Barraza, activista que ha defendido a comuneros de Sinaloa afectados por la Presa Picacho, es beneficiaria del Mecanismo desde 2013, sin embargo, en cuatro años ha sufrido once atentados, uno de hermanos fue desaparecido y uno de sus escoltas, asesinado. Denunció que sus agresores han sido policías y la persecución en su contra inició desde el periodo de Mario López Valdez al frente del gobierno estatal.
La defensora de derechos humanos reconoce que gracias al mecanismo ha podido salvar la vida, por ello, reprocha al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que haya desaparecido el fideicomiso que financiaba al Mecanismo de Protección y se hayan agudizado sus dificultades financieras.
Barraza denunció que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto comenzaron las irregularidades cuando se incorporaron al Mecanismo a personas que no eran periodistas ni activistas, además de que se pusieron a funcionarios sin experiencia al frente de este instrumento.
Además de la dilación en la instrumentación de medidas, el Órgano Interno de Control de la Segob también encontró inconsistencias e incumplimiento en las solicitudes de acceso al mecanismo, por ejemplo, no encontró las solicitudes que deben llenar los protegidos. Pese a ello, 184 personas fueron incorporadas y se les otorgaron medidas de protección urgentes, cuya instrumentación tuvo un costo de 33 millones 552 mil pesos.
El Mecanismo tiene mil 300 personas bajo su protección y aun con ello, la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión resolvió desaparecer el fideicomiso que le garantizaba los recursos.
De 2000 a la fecha, en México han sido asesinados 137 periodistas, de los cuales seis contaban con medidas de protección del Mecanismo. A cuatro de ellos, los han matado en la presente administración. Además, entre 2019 y 2020 han sido asesinados 46 activistas, con lo que México se colocó como el cuarto país más peligroso en el mundo para los defensores de derechos humanos.
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