En una intensa comparecencia de más de seis horas en la Cámara de Diputados, y frente a los múltiples reclamos por corrupción, básicamente sustentados en la investigación periodística titulada “La Estafa Maestra“, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, se dijo víctima de “violencia política de género”.
Frente a las muchas acusaciones (hasta de traición) y denuncias, la funcionaria dijo: “Yo misma he acudido a la PGR y a la Función Pública a que estudie mi evolución patrimonial. El que nada debe, nada teme“.
La diputada Sandra Olvera, de Morena, exigió castigo a Robles por complicidad con los desvíos de recursos públicos durante sus gestiones en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Sedatu. Señaló que Robles aprovechó una excepción en la Ley de Adquisiciones para adjudicar contratos directamente, y agregó que es responsable de este proceso como titular de la dependencia.
Añadió: “Las mujeres hemos recuperado espacios, pero usted no nos representa. Pudiendo quedar como la primer Jefa de Gobierno, está quedando como la mayor cómplice de este Gobierno. Feminismo no es sinónimo de corrupción”.
Por su parte, el perredista Emmanuel Reyes pidió a Robles dejar su cargo en Sedatu para cooperar con los investigaciones que realizan la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República realizan.
En su defensa, la funcionaria federal expresó que no hay pruebas en contra de ella por desvíos en la Sedatu y la Sedesol, y comentó que en sus gestiones no hubo contratos con empresas fantasma.
“No hay un solo contrato, un solo contrato que se haya exhibido, suscrito por Sedesol o Sedatu, con dichas empresas, y mucho menos con empresas fantasma. No hay un solo elemento de prueba que permita decir que empresas que hayan participado por el trabajo de las universidades, hayan sido contratadas por estas instituciones”, dijo.
Mencionó que a la Sedatu y Sedesol “como instituciones les corresponde establecer convenios con universidades; no les compete investigar lo que las universidades realizan, porque son autónomas y son responsables de ello”, afirmó.
“He sido la más abierta a que este tema, transparente, para que se investigue por las instancias correspondientes; la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, y la Secretaría de la Función Pública son las encargadas de determinar si hubo un ilícito, y se pague por quienes lo han cometido y en el amparo del servicio público haya cometido una irregularidad tiene que pagar. Tiene que documentarse con hechos fehacientes y sin violentar derechos”, dijo la secretaria.
En diversas intervenciones, Robles reiteró que como titular de Sedesol y Sedatu los recursos públicos fueron empleados para ayudar a quienes menos tienen. Agregó que es la más abierta a que se indague en esas dependencias.
La panista Adriana Dávila Fernández dijo que Robles es la orquestadora y cómplice de los desvíos, y aseguró que será beneficiada con una amnistía anticipada del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. A ello la secretaria respondió: “Yo no necesito que nadie me de una amnistía. A mí que se me investigue lo que se quiera, que se investigue hasta por debajo de las piedras. Si hay alguna responsabilidad con alguna prueba en la mano, que se castigue”.
Además, Robles dijo que no hay ninguna denuncia penal contra ella por los desvíos, y confió en “que el tiempo dirá la verdad, creo en la justicia y creo que esta justicia es la que va a prevalecer”.
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