En abierta crítica a la actuación del gobierno federal en los hechos de Culiacán, Sinaloa, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que ninguna autoridad debe “condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquel a quien se le intenta aplicar la ley” ya que ello es violatorio de los derechos humanos.
Usar la fuerza de la manera correcta para hacer cumplir la ley no es violar los derechos humanos, afirmó. “Los derechos humanos los violenta quien renuncia a cumplir con las obligaciones que tiene como autoridad”.
“El que el Estado busque la conciliación y la pacificación en el país, no implica que se claudique ante quien opte por el recurso de ejercer la fuerza y se abandone a su suerte a los servidores públicos encargados de hacer valer la ley y defender las instituciones”, dijo.
Durante su participación en una mesa de debate, González Pérez–quien ha tenido fuertes diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador–dijo que “la ley no puede ser objeto de negociación” y que la autoridad violenta los derechos humanos al tolerar la comisión de delitos.
El ombudsman agregó que el uso de la fuerza, legítimo, debido y conforme a estándares internacionales es una potestad, pero también una responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan”.
Tras el llamado “jueves negro”, verificado el 17 de octubre, en que las fuerzas federales liberaron al narcotraficante Ovidio Guzmán a las pocas horas de capturarlo, el gobierno lopezobradorista ha recibido numerosas críticas de empresarios, políticos, ciudadanos, y la prensa nacional e internacional.
No obstante, López Obrador ha insistido en que liberar a Guzmán fue lo correcto puesto que se evitó “una matanza”. Por su parte, la propia autoridad militar, encargada del operativo, reconoció que éste se ejecutó de manera equivocada, lo que derivó en una violenta respuesta por parte del cártel y los
orilló a tener que liberar al narcotraficante para evitar muertes de civiles.
Este lunes, González Pérez se manifestó enfáticamente en contra de la actuación del presidente de la República en los hechos de Culiacán. Decir que liberar a Ovidio Guzmán tuvo que ver con la protección de los derechos humanos es una manera de confundir a la opinión pública, sostuvo.
Con la decisión que tomó el presidente él mismo reconoce su “incapacidad para cumplir las obligaciones que la ley le impone” y viola los derechos de los civiles, de policías y cuerpos de seguridad al hacerles participar en operativos mal planeados.
López Obrador no ejerció “un mando efectivo” cuando la situación se complicó y así, abandonó a su suerte a los cuerpos de seguridad.
Las fuerzas del orden “no pueden ser instrumentos de un gobierno, sino órganos de un Estado que protege y promueve el cumplimiento de la ley, así como el respeto de los derechos humanos”, manifestó.
