La estrategia migratoria de Andrés Manuel López Obrador está basada en la seguridad y no en el respeto a los derechos humanos además de carecer de estrategia y protocolos de actuación, manifestó el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Este jueves, en reunión de dicha instancia, se discutió acerca del envío de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a resguardar la frontera con Guatemala, como parte del acuerdo realizado con el gobierno de los Estados Unidos, que exige freno a los flujos migratorios para no imponer aranceles a las importaciones mexicanas a ese país.
A un día de que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informara que en lo que va de esta administración se “disparó” el número de migrantes que entraron por la frontera sur de manera ilegal hasta llegar a las 144 mil personas, la CNDH dijo que es verdad que la cantidad de personas que están entrando a México “rebasan la capacidad de las autoridades migratorias”, lo que dificulta conseguir una migración “segura, ordenada y regular”.
Es preocupante, manifestó el Consejo, que al atender el acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump, López Obrador esté implementando una estrategia que piensa más en la seguridad de la frontera que en el respeto a la dignidad de las personas y los principios de igualdad y no discriminación, así como el respeto a los derechos humanos.
“El respeto a los derechos humanos que solicitamos del país del norte hacia nuestros connacionales debe corresponder con el que se otorgue a los miles de extranjeros que ingresan y transitan por nuestro país. La dignidad de la persona y la solidaridad internacional son principios fundamentales que se deben incluir en la conformación de la nueva política pública migratoria que tienda a cumplir con los objetivos de lograr una migración ordenada, segura y regular en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos”.
El envío de los 6 mil elementos, que ya ha comenzado, tiene el objetivo de reforzar los lugares de la frontera por donde ingresan los migrantes provenientes de Centroamérica, además de implementar controles migratorios, lo cual, señaló el organismo, conforma por completo una “política de seguridad”, sin objetivos claros, límites a la intervención de la GN y protocolos de actuación para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Es “necesario crear una política integral que no riña con el respeto a los derechos humanos y asistencia humanitaria, dando respuesta no solamente a dichas personas extranjeras, sino también a cientos de connacionales que son repatriados a nuestro país y que requieren de asistencia para reintegrarse a la sociedad, así como reconocer y apoyar la labor de organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas del migrante que en las ciudades fronterizas del norte del país reciben y atienden a las personas retornadas”.
Al respecto, la organización internacional Humans Rigths Watch manifestó ayer miércoles que el envío de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala hace pensar en la posibilidad de graves abusos contra los migrantes, especialmente familias y niños, debido a que dicha corporación en su mayoría está conformada por elementos militares, quienes tienen un largo historial de violaciones a los derechos humanos.
