La Ley de Seguridad Interior sumó dos nuevas impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, y de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), con lo que ya totalizan diez las objeciones tramitadas hasta el momento (seis de ellas, acciones; y cuatro, controversias constitucionales).
El ayuntamiento de Parral presentó una controversia constitucional en la que afirmó que la Ley vulnera el municipio libre debido a que establece que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la seguridad pública de las demarcaciones sin previa consulta de las autoridades locales.
La Defensoría presentó por su parte una acción de inconstitucionalidad en la que indicó que la ley es contraria a la carta magna y los tratados internacionales, por lo que carece de certeza jurídica. Ambos asuntos fueron remitidos a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá analizarlas y determinar si las admite o no a trámite.
Hasta el momento, la Ley de Seguridad Interior ha suscitado 10 inconformidades presentadas por diversos organismos del Estado, seis acciones de inconstitucionalidad (una desechada, otra admitida y las restantes en trámite), así como cuatro controversias constitucionales (una admitida y las demás en trámite).
Las seis acciones son la de diputados federales del PAN, PRD y MC (ya admitida); las de senadores de oposición, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (Inai), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), todas ellas todavía en trámite; así como la de Movimiento Ciudadano (MC), desechada.
Las cuatro controversias entregadas son de los municipios de San Pedro Cholula, Puebla (ya admitida) e Hidalgo del Parral, Chihuahua, así como las de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX); y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), estas tres últimas aún en trámite.
aml
