El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad a costa de los productores privados, sentando un “precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana”, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en relación a la reciente propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Se trata de una “expropiación indirecta”, afirmó.
Pero, no obstante la intención de beneficiar a la CFE, la perjudicará, puesto que de concretarse la reforma, la paraestatal pagará mucho más por la energía eléctrica, con lo que sus finanzas se verán afectadas, aseguró.
“La iniciativa elimina la obligatoriedad para que la subsidiaria de la CFE encargada de vender electricidad a los pequeños consumidores adquiera energía vía subastas para reducir los precios”. Es decir, se elimina la obligación de buscar los mejores precios. Asimismo, retira los permisos de autoabasto, quitando a algunas empresas la posibilidad de generar energía para sus propias necesidades.
Luego de que el Congreso de la Unión informó que el presidente envió una propuesta de reforma a la LIE, el organismo, que se define como un “centro de investigación en política pública”, criticó duramente lo que calificó como “un retroceso para México”.
En comunicado de prensa colgado en su sitio web este lunes 1 de febrero, el IMCO aseguró que el “espíritu” de la iniciativa es “es eliminar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con una serie de cambios regulatorios para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de los productores privados”.
De aprobarse dicha reforma, señaló, “no solo iría en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas durante la administración anterior, sino que sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho”.
Hacer esto impactaría negativamente sobre los consumidores, puesto que encarecería el suministro eléctrico, pero también destruye “los procesos de generación barata y limpia”, con el consiguiente daño al medio ambiente.
Esto aleja al país de “la senda de la transición hacia una mayor generación de energías limpias al promover el incumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética”, critica.
El organismo llamó al Congreso de la Unión a tener en mente estas consideraciones al momento de debatir y votar la iniciativa del titular del Ejecutivo.
Manifestó que entre los puntos más relevantes y preocupantes de la propuesta del presidente se encuentra el que “pretende destruir el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de manera independiente, para dar prioridad a las plantas de la CFE”. Así, el orden de prioridad para comprar energía quedaría así: primero las hidroeléctricas, luego las demás centrales de la CFE (a carbón y combustible fósil), en tercer lugar, la energía eólica y solar de los particulares y en último sitio, a las centrales particulares de ciclo combinado a gas y vapor.
“Como las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones ambientales negativas a nivel local y global”.
Las propias finanzas de la CFE se verán también perjudicadas, ya que generar electricidad a partir de carbón o combustible fósil es más caro. Por lo tanto, pagará más y deberá elevar el subsidio final a los consumidores, explicó el IMCO.
Pero uno de los efectos más graves a largo plazo para el país y el planeta es que se quitan incentivos al desarrollo de la industria de energías limpias. Actualmente se dan mayores ganancias a quienes contaminen menos, y con la reforma de AMLO será al contrario.
“En la estructura del mercado actual se incentivan nuevas inversiones en fuentes limpias mientras que la iniciativa presidencial destruye ese incentivo y favorece a la CFE con cualquier tipo de generación”.
El país se encuentra, desde la pasada reforma energética, en una transición hacia el uso de energías limpias, tal como indican los diversos acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
Otra afectación es la eliminación del mecanismo para comprar energía eléctrica por medio de subastas, buscando el mejor precio. La iniciativa “no garantizará los menores precios de energía eléctrica al usuario final” con lo que se abre la puerta a la discrecionalidad en las compras, con “criterios distintos a la eficiencia”.
“Obliga al subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas, creando compromisos de gasto insostenibles para la Federación, y fragilidad en las finanzas de la CFE. Detiene las inversiones necesarias para reducir la pobreza energética de millones de mexicanos”.
Otro cambio sustancial es que plantea quitar los permisos de autoabasto, que permiten a empresas producir electricidad para sus propios establecimientos.
Finalmente, asegura que otro grave aspecto es que la iniciativa “es violatoria del T-MEC al cambiar las condiciones regulatorias de tal forma que las inversiones en el sector se vuelven inviables. La iniciativa representa una expropiación indirecta. Asimismo, es violatoria de las disposiciones en materia de empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás”.
