El grupo criminal de Los Zetas pagó millones de dólares a policías municipales, gobernadores estatales y algunas fuerzas del orden federal para mantener el control de Coahuila, pero sobre todo aterrorizaban a la población con total impunidad, informó la Clínica de Derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en un informe presentado en la Ciudad de México.
El informe “Control… sobre todo el estado de Coahuila” analiza las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales efectuados contra integrantes de Los Zetas en las cortes de Austin, San Antonio y Del Río, en Texas, Estados Unidos. Los juicios se realizaron entre 2013 y 2016; todos los acusados recibieron sentencias bajo los delitos de asesinato, conspiración para importar drogas y armas, así como lavado de dinero.
De acuerdo con los reportes de EFE y BBC Mundo, el grupo criminal pagó millones de dólares en sobornos a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el anterior y actual gobernador de Coahuila, a cambio de controlar el estado.
Documenta además los estrechos vínculos entre el cártel y los funcionarios de Coahuila que facilitaron la violación y abusos a los derechos humanos, desapariciones y “los asesinatos masivos en marzo y abril del 2011 durante lo que se conoce como las masacres de Piedras Negras y Allende”.
De hecho, las dos conclusiones principales que surgen de los testimonios son: a) que Los Zetas cometieron numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad, y b) que las instituciones y funcionarios públicos de Coahuila jugaron un papel funcional, ya sea por acción o por omisión, para que se perpetraran dichos abusos.
Según cita la BBC, el mayor control se realizó en los municipios que colindan en la frontera con Estados Unidos. El testigo Saúl Fernández, relató que a mediados de 2012, el cartel estableció retenes en cada calle de Piedras Negras para revisar a cada persona que entraba o salía de la ciudad. Y todo ante la presencia de la policía local. Cuando se preguntó Fernández qué hicieron los agentes, Fernández respondió: “Bueno, actuaban como que no estaba pasando nada”.
También establecieron una red privada de comunicaciones, con cientos de antenas retransmisoras en edificios, locales comerciales o en los cerros cercanos. A los únicos a quienes temía el cartel era a los marinos, señala el testimonio. Y para evadirlos los jefes del grupo utilizaban helicópteros oficiales, asegura el testigo Rodrigo Uribe Tapia en el juicio de San Antonio.
Además de la colaboración policíaca, el grupo consiguió el apoyo de políticos locales, e incluso a algunos les financiaron sus campañas electorales. A cambio de este apoyo Los Zetas obtenían protección policíaca, pero también contratos para obras públicas, no sólo en municipios o el estado sino con empresas federales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad.
Algunos se asignaron a la empresa ADT Petroservicios encabezada por Francisco Colorado Cesa, “Pancho”, quien fue sentenciado en uno de los juicios de Texas. Pero también crearon decenas de negocios, e incluso los testimonios refieren que controlaron centros comerciales enteros en Piedras Negras.
Esos lugares se utilizaron como casas de seguridad o sitios para intercambiar dinero, drogas y armas. Otro refugio para los miembros del cártel fueron las prisiones que en algunos casos, como la cárcel de Piedras Negras, se utilizaron sólo como dormitorios. Por ejemplo, el testigo Uribe cuenta que durante el día, miembros de Los Zetas que eran reclusos podían salir y entrar de la cárcel sin problemas.
Pero más allá de la colaboración de autoridades, la manera más efectiva de controlar parte de Coahuila fue el terror: El caso más conocido fue el asesinato de 300 personas en el pueblo de Allende, entre marzo y abril de 2011. Muchas de las víctimas fueron incineradas en el lugar.
Fue una serie de ataques en venganza porque algunos exintegrantes del cartel empezaron a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. De la masacre nada se supo durante varios años, y aún ahora no se conoce por completo lo que sucedió.
“Muchas muertes. (Los Zetas) incluso comenzaron a matar a familiares en Allende, y Piedras Negras, y Músquiz y Sabinas. También me querían matar a mí”, declaró el testigo Héctor Moreno. La forma como asesinaban a sus víctimas era atroz, señalan los testigos. A varios los desmembraron vivos con un hacha, el primer golpe en una de las rodillas.
Muchas veces las personas asesinadas eran inocentes. Eran sentenciadas a muerte por la simple sospecha de que colaboraban con los rivales o las autoridades. Eso ocurrió con cuatro niños que vendían periódicos en Piedras Negras. El responsable de la masacre fue Marciano Millán Vázquez, conocido como “Chano” y uno de los principales jefes del cartel en la región.
Los restos de las víctimas generalmente eran incinerados o deshechos en ácido. Los Zetas llaman a este método “cocinar”.
Los Zetas ya no mantienen un control total de Coahuila como el que se documentó en los juicios en Texas. El cártel es uno de los más afectados por el combate de las autoridades. Prácticamente todos sus fundadores, exmilitares de élite, murieron o están detenidos.
La organización solo mantiene presencia en una parte de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Tabasco. Antes controlaban el tráfico de drogas, secuestros de migrantes y extorsión a empresarios en diez de los 32 estados de México.
Pero la huella que dejaron en su cuartel general, la zona norte de Coahuila, no se borra. Sobre todo para las familias de personas desaparecidas. “Es muy triste, muy triste y doloroso para nosotros”, dice Salazar, “no se valen las respuestas que tenemos, lo que nosotros pedimos y exigimos es que busquen vidas. No son cosas, no son objetos. Son miles de vidas”.
ae-aml
