La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio una puntual respuesta a los ataques que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo sobre tres temas relacionados con la reforma judicial, las remuneraciones y los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
En su conferencia de prensa de este viernes, Sheinbaum lanzó una nueva embestida contra la SCJN, ya que acusó que la presidenta de este tribunal y varios ministros pretenden evitar la elección judicial, y señaló tres acciones (“inexplicables”, dijo ella) en ese sentido, a las cuales posteriormente aquella institución les dio contestación.
El primer punto mencionado por la mandataria fue que los ministros han aceptado o interpuesto amparos para que no sean cobrados los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial y no se integren a la Tesorería de la Federación cuando “así debe ser”.
La SCJN fue muy clara respecto a este punto: desde septiembre inició los trámites para entregar los recursos a Nacional Financiera (Nafin) y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y extinguir los fideicomisos. Mientras este organismo ya entregó los recursos del Fondo Jurica a la Tesorería, mientras que Nafin no lo ha hecho debido a que hay suspensiones por juicios de amparo. Pero la Corte ya cumplió con su parte.
El segundo señalamiento de Sheinbaum es la suspensión de los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, sobre lo que insistió en una cantaleta del oficialismo con la que ha desacatado la orden judicial respectiva: “No hay argumento para interrumpirlos; la Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales”.
La doctora arguyó que así lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, según ella, dijo que esa “no es función de la Corte intervenir en estos temas” debido a que es una elección popular.
Sobre este asunto, la SCJN también fue contundente en su réplica: el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación ha acatado las sentencias de juzgadores en términos del mandato legal y constitucional vigente.
Al respecto, la SCJN le aclara a la presidenta: “Existen medios de impugnación para combatir las determinaciones que suspenden el proceso de elección en el Poder Judicial de la Federación”.
El tercer asunto que mencionó Sheinbaum es sobre la disminución del presupuesto al Poder Judicial, sobre lo que, dijo, la Constitución establece que los salarios de jueces y ministros deben ser menores al de la presidenta de la República. Además, dijo que con la reducción de recursos se le quieren disminuir prestaciones a los trabajadores cuando la Carta Magna dice que sus derechos deben permanecer intactos.
Sobre ello la SCJN respondió que, antes de presentar su proyecto de presupuesto, su Pleno había aprobado bajar a la mitad la remuneración de los ministros, y también fue disminuida la de 330 servidores públicos de alto nivel, sin afectar al personal operativo.
Además, la SCJN hace saber a Sheinbaum que sus representantes y los del Consejo de la Judicatura Federal explicaron a los diputados la afectación que causaría una reducción presupuestal severa sobre los derechos de los trabajadores, sobre todo en los términos de la reforma judicial.
Pese a ello, los diputados no escucharon e hicieron “recortes drásticos” al presupuesto para el Poder Judicial, por lo que la ministra presidenta de la SCJN tuvo que plantear una ampliación presupuestal a la Secretaría de Gobernación con el fin de no afectar los derechos de los trabajadores.
Por lo anterior, informa la SCJN, se acordó establecer una mesa de trabajo con las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para analizar los ajustes provocados por el recorte presupuestal.
Sin embargo, con el simplismo pueril que le caracteriza cuando de hacer cuentas públicas se trata (así lo ha dejado ver también en el caso del Instituto Nacional Electoral), la presidenta dijo en su rueda de prensa: “¡Claro que les alcanza! Nada más que ellos se bajen sus prestaciones”.
