En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han incrementado en más de 56% las quejas de los ciudadanos, en contra de las respuestas a las solicitudes de información formuladas ante las distintas dependencias y órganos de la Administración Pública Federal; por lo tanto, también han ido en aumento los recursos de revisión promovidos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Del informe anual del INAI, presentado en el Senado de la República, se desprende que el Poder Ejecutivo Federal y los sindicatos son los entes más opacos, y en específico, la Oficina de la Presidencia de la República, se encuentra en los últimos sitios en cuanto a un acceso efectivo a la información pública desde 2003.
De acuerdo con un reportaje del sitio digital Animal Político, aun cuando la mayor parte de las solicitudes reciben alguna respuesta, el tiempo para emitirla va de 11 a 12 días hábiles. Sin embargo, la principal inconformidad de los peticionarios es la escasa y a veces nula información que se les proporciona.
En el periodo comprendido entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 se gestionaron un total de 237 mil 62 solicitudes de información, de las cuales, 195 mil 995 fueron respondidas en el periodo estipulado. No obstante, en 31 mil 557 casos, las dependencias alegaron confidencialidad o se declararon incompetentes para brindar la información requerida.
Por tal motivo, se formularon ante el INAI, 14 mil 509 recursos de inconformidad, esto es el equivalente al 6.1% de todas las solicitudes recibidas. Este porcentaje, denominado el índice de recurrencia, es el más elevado de los últimos cinco años. Por ejemplo, entre 2015 y 2016, el índice de recurrencia fue de 3.9%.
En el informe del INAI también se establece que de los 9 mil 182 recursos de impugnación resueltos en el último año, en 5 mil 954, equivalentes al 64.5%, los comisionados emitieron resoluciones a favor de los peticionarios.
Algunos de ejemplos en donde se negó la información a los ciudadanos, fueron las averiguaciones previas por las desapariciones en San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León; las operaciones facturadas de diversas empresas fantasma y la construcción e inversión en el Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía. En la mayoría de estos casos se adujeron razones de seguridad para no otorgar la información.
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