febrero 23, 2025

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados contra el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que su acuerdo del viernes pasado es suspendido, y señala que con sólo mil 503 millones de pesos se realice la revocación de mandato.

La Comisión de Receso de la SCJN, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat (ambas propuestas para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador), decidió admitir la controversia constitucional presentada apenas el martes pasado por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, contra el acuerdo del INE para aplazar actividades del proceso de revocación de mandato, aunque ello fue reprobado por diputados del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.

Lo anterior implica que se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados, por lo que el INE debe abstenerse, de manera inmediata, de ejecutar el acuerdo sobre el aplazamiento de cualquiera de las actividades de organización del proceso de revocación de mandato, las que deberá continuar.

Según las ministras Esquivel Mossa y Ríos Farjat, el INE debe continuar “con las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”.

Para esas ministras, el acuerdo del INE “pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.

Recordaron que el ministro instructor, Juan Luis González Alcántara Carrancá no le concedió la suspensión al INE para no realizar ajustes a su presupuesto. Sin embargo, no se menciona que el ministro alegó que ello se debía a una situación incierta por la reunión de las firmas de apoyo para el ejercicio, por lo que tendría que esperarse a la emisión de la convocatoria.

Sobre la resolución de la Comisión de Receso es necesario recordar la declaración del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, el pasado 17 de noviembre, cuando afirmó que “cuando se tiene vocación de servicio, imaginación y voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que se tiene por obligación”.

Asimismo, se debe mencionar que el INE detalló los gastos que implica realizar el ejercicio de revocación de mandato: tan sólo la instalación de casillas tendría un costo de mil 471 millones de pesos, sin contar otros nueve rubros (contratación de capacitadores, entre los más importantes) que suman más de 3 mil 800 millones. Sin embargo, las ministras Esquivel Mossa y Ríos Farjat afirman que el presupuesto aprobado de mil 503 millones es “un indicador de viabilidad financiera”.

Entre los primeros que comentaron en redes la resolución cuando la SCJN la dio a conocer estuvo Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y especialista en Derecho electoral, comentó sobre la determinación de la Comisión de Receso: “El razonamiento de la suspensión no tiene pies ni cabeza. El @INEMexico ha demostrado que sin recursos adecuados es imposible hacer una consulta que cumpla con la Constitución y la ley. Y, sin embargo, dos ministras afirman lo contrario sin ofrecer razón alguna. Qué vergüenza”.

Sobre la diferencia entre las resoluciones de González Alcántara Carrancá y de Ríos Farjat y Esquivel Mossa, Reyes anotó: “Justicia que no es pareja no es justicia. Un ministro no dió al @INEMexico la suspensión alegando que no era segura la realización de la revocación. Pero, aunque esa incertidumbre persiste, hoy 2 ministras sí la otorgaron a @Mx_Diputados contra el acuerdo del INE. Lamentable”.

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