Así como lo han expresado la oposición, organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales y de abogacía, este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su rechazo al memorándum que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el martes a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda para desconocer y dejar sin efecto la reforma educativa avalada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En un posicionamiento público, la Comisión subrayó que nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder -en este caso la del Ejecutivo- que se desconozca la ley, se incumpla y se deje de aplicar.
“Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”, acentuó.
El organismo nacional recordó que la educación es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución y otros instrumentos internacionales suscritos por el país, por lo que la instrucción de dejar de aplicar la ley genera el riesgo de que se produzcan vulneraciones de los derechos de los niños y adolescentes, además de que las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas.
En ese sentido, la CNDH exhortó al presidente López Obrador a que, en cumplimiento a la protesta que realizó al asumir el cargo, así como las obligaciones constitucionales inherentes al cargo, “rectifique las instrucciones que ha girado y considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, emprenda las acciones conducentes, en el marco de la ley, para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país”.
Al respecto, sin embargo, el Ejecutivo justificó durante la mañanera del miércoles que el envío del memorándum está dentro de sus atribuciones porque -según él- no se trata de un asunto legal sino político.
La nueva reforma educativa sigue en pausa ante el descontento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que sigue ejerciendo presión al Ejecutivo por no subsanar sus demandas como el control de los puestos y presupuesto.
