Agustín Caso Raphael, auditor que fue separado de su cargo por el supuesto manejo político del costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, defendió la metodología aplicada en la auditoría y enfatizó que la supuesta discrepancia entre sus cifras y las del gobierno federal se debe a que éste último utilizó un “enfoque contable”, en tanto que la ASF consideró también las variables económicas, financieras y jurídicas.
Sin embargo, dijo que ambos enfoques son válidos y no se contraponen y que lo que la opinión pública interpreta como discrepancias, no lo son. Y advirtió que “se trata de un proceso dinámico, que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse hasta en 26 años”.
Sobre la diferencia de enfoques, dijo: “Es importante superar la falsa disyuntiva sobre dos criterios y enfoques metodológicos, porque no uno, sino ambos, tienen sustento constitucional, legal y técnico”. Y rechazó que existiera dolo o motivación política en las estimaciones del costo de la cancelación hechas por su equipo, tal como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aseguró que “no vengo a defender a capa y espada una cifra. Vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas y a explicar los procesos legales en que se habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”.
“Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor, de la misma manera que mis colaboradores de la Auditoría Especial de Desempeño merecen todo mi reconocimiento y respeto por su labor profesional”, agregó.
Caso Raphael es auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y fue directamente señalado por López Obrador de haber manipulado las cifras del costo de la cancelación de la obra, con el fin de afectar a su gobierno y por ello, pidió una investigación a la Cámara de Diputados para aclarar el motivo de tal información “falsa” y “dolosa”. En el reporte de la Revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF señaló que se estimaba un costo total de 331 mil millones de pesos, mucho más de lo que asegura el gobierno.
En comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, ocurrida este martes, Agustín Caso negó que la auditoría realizada a la cancelación de la obra y las recomendaciones para lograr una “mejor calidad de gasto”, entrañen un ataque al presidente y a su investidura.
Añadió que existen variaciones en las estimaciones de la cifra. Asentar dichas variaciones, explicó, no significa que se señale “que en automático exista ilegalidad. Mucho menos acusación de corrupción”.
Y afirmó que las estimaciones partieron de las cifras entregadas por el propio gobierno de López Obrador: 163 mil 540 millones de pesos erogados hasta 2019 y 168 mil 455 millones más de costos adicionales.
Aquí, presentamos de manera textual los puntos más destacados de la intervención del auditor.
1.- “Reitero que el área a mi cargo es ajena a la discusión partidista. Manifiesto con firmeza que no existió dolo ni motivación política en el equipo auditor, de la misma manera que mis colaboradores de la ASD merecen todo mi reconocimiento”.
2.- “No vengo a defender a capa y espada una cifra. Vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas a explicar los procesos legales en que se habrán de ventilar estas diferencias pero que no son verdades excluyentes.
3.- “El objeto de la auditoría fue fiscalizar el proceso llevado a cabo para la cancelación del proyecto de inversión del NAIM a fin de determinar tres componentes en una revisión que integra los costos económicos, los financieros y los legales para el conjunto del Estado. El mismo diseño de la auditoría aclara que el objetivo no es una revisión de cumplimiento financiero de un año, ni se avoca a verificar el cumplimiento y legalidad con que se manejan los recursos públicos”.
4.- “En esta auditoría se valoran de manera amplia los tres tipos de costos respecto de un proceso que inició hace 7 años e incluso se presentan proyecciones a futuro que son estimaciones que pueden concretarse o no en los años venideros”.
5.- “Los primeros recursos asignados al NAIM se remontan al presupuesto de 2014 y la cancelación de este proyecto no ha concluido. No estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado. Se trata de un proceso dinámico, que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse hasta en 26 años”.
6.- En la auditoría “no se estableció un pliego de observaciones como cuantificación de un presunto daño a la hacienda pública. Tampoco existe ningún señalamiento a ningún servidor público. No hay ninguna promoción de sanción por conductas graves ni no graves. Al no tener ningún elemento punitivo, con estos resultados queda claro que no existen, no existió la intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un gobierno”.
7.- “La auditoría 1394 sí consideró los argumento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mismos que no fueron controvertidos ni generaron ninguna observación” contraria.
8.- “Las recomendaciones carecen de ánimo punitivo, porque su esencia, como es propia de una auditoría de desempeño es recomendar que se establezcan mejores procesos en la acción institucional para que tengamos una mejor calidad del gasto desde su control. Eso de ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial. Ni a un gobierno que fue legítima y democráticamente electo”.
9.- La auditoría “señala textualmente que: en opinión de la ASF los resultados muestran que en términos generales el GACDMX cumplió con los procesos llevados a cabo para la terminación anticipada de los contratos”.
10.- “Hay un vacío normativo para valorar la cancelación de proyectos en construcción… Reitero que es válido utilizar tanto sistemas y criterios de auditoría contable como enfoques y criterios de desempeño. La validez de ambos criterios es un hecho reconocido en la Constitución, en las leyes y por los organismos internacionales especializados”. Es correcto utilizar metodologías amplias que observan los costos económicos y no solo los contables. No existe una disyuntiva entre una cifra buena y una cifra mala. Lo que existen son distintas metodologías que generan resultados acordes a su naturaleza”.
11.- “Se trata de un costo estimado, mismo que incluye tanto gastos ya erogados desde 2014 a 2019, como costos que se derivan de bonos y contratos pendientes, así como de demandas en proceso”.
12.- “Para llevar a cabo esta auditoría se utilizó una metodología de costos económicos, los cuales consideran los costos explícitos, los costos de oportunidad y los costos hundidos, partiendo de los datos financieros, legales y económicos proporcionados en todo momento y de acuerdo al debido proceso, por el ente auditado”.
13.- “La metodología utilizada considera dos grandes conceptos: 163 mil 540 millones de pesos ya erogados hasta 2019, y 168 mil 455 millones de pesos de costos adicionales”.
14.- “Los recursos con los que se fondeó la inversión no son de libre disposición, porque no son recursos de carácter presupuestario, sino que fueron recursos captados y vinculados jurídicamente a un fin específico. Al cancelar los instrumentos financieros se materializa una desinversión que originalmente se estableció aprovechando la capacidad de endeudamiento de la sociedad, pero al momento de concretarse, la sociedad no pudo utilizar los recursos invertidos por las características jurídicas y económicas con que se establecieron, lo que configura una situación de costo de oportunidad y que se cubre actualmente con recursos presupuestarios”.
15.- Sobre la Fibra E: “El equipo auditor considera que existe un costo en el que se deben incluir los costos de oportunidad, ya que la sociedad deja de disponer de esos recursos para desarrollar un proyecto alterno, toda vez que contractualmente están ligados a un proyecto en específico. Es decir, no se pueden reasignar. Por esa razón, en números redondos, se señala una estimación de 34 mil millones de pesos, pero si no se usa este criterio económico, sino uno contable y solo se consideran los costos arriba señalados, entonces el monto proyectado oscilará alrededor de 4 mil millones de pesos”.
16.- “Por lo que hace a la recompra de los bonos emitidos, la valoración estimada es en términos generales de 50 mil millones de pesos, nuevamente incluyendo todos los tipos de costos. Pero si se procede desde el enfoque contable y se reconocen sólo los costos indirectos, entonces la cifra que se estima podría ser cercana a 15 mil millones de pesos”.
17.- “Bajo este enfoque económico el pago de la deuda por alrededor de 4 mil millones de dólares, y sus intereses, deben considerarse en su totalidad, pues es una deuda que deberá cubrirse a lo largo del tiempo. Bajo un enfoque contable solo se incluiría el valor presente de los intereses por alrededor de 34 mil millones de pesos. La diferenciación obedece a si se usan criterios económicos, como los usados para el diseño de esta auditoría de manera amplia o si se optan por criterios que excluyen el costo de oportunidad de los recursos públicos”.
18.- “No es pertinente en este momento procesal dar una cifra nueva que quiera establecerse como verdad inamovible. Reitero que están por procesarse las diferencias y además, el valor real, las condiciones de recompra, el diferencial del valor con que se realizó la emisión de los instrumentos financieros aún no se concreta, ni es un hecho definitivo”.
