En su informe “El costo de curar. Los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el Covid-19 y más allá”, Amnistía Internacional (AI) pone el acento en que el gobierno mexicano debe garantizar los derechos laborales del personal que trabaja en los hospitales.
Para ejemplificar la situación de México, la organización tomó como ejemplo el caso de Alejandro, un limpiador de 70 años que trabaja, para una empresa privada, por poco más de cinco dólares al día en un hospital del ISSSTE en la Ciudad de México en el que se atiende a pacientes con Covid-19.
Debido a su perfil de riesgo, el señor Alejandro solicitó su traslado a las áreas administrativas del hospital; se lo concedieron pero con una reducción salarial del 16 por ciento.
Además, según relató don Alejandro a AI, el personal es obligado a reunirse todos los días y a hacer fila, sin distanciamiento entre personas ni otras medidas de seguridad, durante casi una hora para firmar su asistencia al centro de trabajo.
Tras ese ejemplo, AI dice que, tras recibir más información de diversas fuentes al respecto, “el personal de limpieza contratado por su empresa privada no recibe mascarillas y equipo de protección individual (EPP) adecuado, ni siquiera cuando está expuesto a zonas del hospital que están al alcance de pacientes que han dado positivo a Covid-19”.
Eso ocurre pese a que el gobierno debe regular al trato y las políticas que las empresas privadas deben dar a sus trabajadores para que sean respetados sus derechos. El incumplimiento de esa obligación “puede constituir una violación de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados, así como una vulneración de los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos”.
Acerca de las condiciones laborales del personal médico en medio de la pandemia, AI recupera el testimonio de una médica de un hospital de la Ciudad de México, quien afirma que sus jefes no le permiten ni beber agua mientras labora. Además debe permanecer parada durante seis horas consecutivas en la sala de aislamiento debido a que retirarse el traje de protección y la esterilización lleva casi media hora.
En su documento AI también menciona que hubo personal sanitario de varios países, entre ellos México, que se abstuvieron de dar su testimonio o manifestaron su temor de represalias por hablar sobre sus condiciones laborales. Aun así, una médica de un hospital capitalino confió a la organización que la persona que la supervisa la acosa por su preocupación por la carencia de un protocolo de seguridad en el hospital, y la amenazaba a ella y a sus compañeros con que “si no les gustaba el hospital que se fueran”. Añadió que el director del hospital ordenó al personal médico que no registraran a los pacientes con síntomas de Covid-19 como casos sospechosos.
En la parte del informe dedicada a las declaraciones gubernamentales sobre personal médico, AI reconoce a la Secretaría de Salud y al presidente Andrés Manuel López Obrador haber emprendido acciones para generar conciencia acerca de su papel esencial, incluso mediante la exposición pública de una enfermera durante las conferencias de prensa presidenciales. Con ello el gobierno busca apoyo a las tareas de los trabajadores de la salud y a evitar su estigmatización.
