Los familiares de dos de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte interpusieron un recurso de amparo en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito (PGJDF) ya que, desde mediados de septiembre, cuando se detuvo al tercer implicado, les han negado actualizaciones de la investigación.
De acuerdo al juicio de amparo difundido por Animal Político, la defensa de Nadia Vera y Milé Virginia han solicitado a las autoridades que se les den avances sobre la investigación e incluso han pedido una reconstrucción, a más de tres meses de ocurrido el crimen.
En respuesta -se lee en el recurso- las autoridades dijeron que no creen “necesario ni obligatorio” dar esa información a los familiares de las víctimas, a pesar de que de manera oficial no se ha dado ni una línea de investigación específica ni cómo sucedieron los hechos.
La PGJDF, un día después de darse a conocer que una de las víctimas era el fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa, señaló que la primera hipótesis era que habían entrado a robar pertenencias de las habitantes del departamento (Vera, Virgina y Yesenia Quiroz).
Posteriormente, dieron a conocer el video de seguridad que capta el momento en el que los presuntos asesinos salen del departamento de Luz Saviñón, aproximadamente a las 15 hrs. del 31 de julio de este año.
Esta ha sido toda la información dada a conocer de manera oficial, aparte de las detenciones de los tres presuntos culpables: Omar Martínez Zendejas, Daniel Gutiérrez Pacheco y Abraham Tranquilino Torres. Todos los datos se han obtenido por filtraciones de la averiguación previa a los medios y por declaraciones de los abogados.
En el juicio de amparo promovido por los litigantes, hay al menos 60 requerimientos y diligencias que solicitan los familiares que van desde la ampliación de declaraciones, la inclusión de pruebas, hasta establecer un móvil y realizar una reconstrucción de los hechos.
No obstante, las autoridades capitalinas (en peticiones anteriores) han negado estas peticiones, arguyendo “no es necesario ni obligatorio” -pese a que es un derecho constitucional, según la defensa- y que las diligencias solicitadas se harán “cuando sea considerado prudente”.
Aunado a ello, la audiencia con los detenidos se ha postergado al menos cuatro veces, situación ante la cual la PGJDF no ha dado las razones del retraso.
mahy
