Ha pasado un año del caso Tlatlaya y nueve meses del caso Ayotzinapa y el gobierno de Enrique Peña Nieto parece que sigue sin encontrar la coherencia discursiva y de acciones para esclarecerlos a cabalidad, y al mismo tiempo, desahogar de manera adecuada las consecuencias políticas de ambos.
El daño a la imagen del Presidente en México y en el mundo ha sido profundo y la manera de proceder de su equipo frente a estos dos casos graves de violación a los derechos humanos le ayuda poco.
Usted leyó en estas Historias de Reportero el 25 de febrero pasado que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, había expresado entre sus colaboradores y con altos funcionarios del gobierno su malestar por el caso Tlatlaya.
Contra lo que pudiera intuirse, la exigencia del general era que, de haber elementos suficientes, los soldados involucrados fueran sometidos lo más pronto a un juicio y castigados si se demostraba que eran culpables.
Cinco meses después, la exigencia del secretario es la misma, como lo dijo anteayer en entrevista para EL UNIVERSAL. Si son culpables, que se les castigue, insiste. Y, si se comprueba su responsabilidad, se les debe procesar por violación de derechos humanos, no por desobediencia.
