La desaparición de Javier Duarte dejó el sabor de que el gobierno lo había dejado ir. Resultaba increíble que no lo hubieran seguido, que no le hubieran “puesto cola”, cuando se veía venir que el gobernador de Veracruz terminaría en problemas con la justicia.
Tomado ese pulso público, en las altas esferas del gobierno federal llegaron a la conclusión de que sería muy bueno aprehenderlo antes de las elecciones de junio, cuando se renuevan las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit. Consideraron que su detención restaría fuerza a las acusaciones contra el PRI por corrupción y daría discurso de defensa al régimen y a su partido: que si bien Duarte abusó, ya está preso.
Según fuentes federales de inteligencia, a las que tuve acceso en distintos momentos de su investigación sobre el paradero del exmandatario, se les complicó encontrarlo porque Duarte no usaba teléfonos celulares ni cuentas de Internet que le tuvieran detectadas, permanecía casi incomunicado y sólo podían deducir su paradero a partir de los seguimientos a sus familiares, abogados y colaboradores.
En la urgencia por encontrarlo, la familia de Karime Macías, la controvertida esposa de Duarte, recibió una oferta del gobierno: que no irían contra ella ni su familia si les decían dónde estaba el exgobernador.
Más información en: www.eluniversal.com.mx
