El operativo de desalojo de Nochixtlán, que se llevó a cabo el 19 de junio de 2016 —y culminó con la muerte de ocho personas y arrojó un saldo de 190 heridos—, fue solicitado por el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. Un grupo de coordinación institucional se reunió en un hotel de la capital oaxaqueña para planear las acciones. Ahí estaban los mandos operativos de la Policía Federal y estatal.
A las 4:20 de la mañana de aquel 19 de junio, un notario dio fe de que los elementos que iban a participar en el desalojo iban desarmados. De ese modo se asentó en el acta notarial.
Se había decidido que los agentes involucrados solo llevarían equipos antimotín —casco, escudo, rodilleras y “lanzadores simples de agentes químicos”—. Se prohibió expresamente que los elementos llevaran a Nochixtlán equipo táctico.
Según una investigación de nueve meses emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y que hoy se encuentra en su etapa final, agentes de la policía de Cué llegaron, sin embargo, al desalojo, con armas escondidas bajo el chaleco.
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