Este fin de semana, en cosa de horas, un mensaje se replicó en las cuentas de Twitter de algunos de los políticos más poderosos. La secretaria de Gobernación y varios secretarios de Estado, el vocero del gobierno federal, el responsable de investigar los delitos financieros, legisladores, directores de medios de comunicación del gobierno y hasta el encargado de combatir el coronavirus en México se alinearon para defender a una funcionaria e insultar a periodistas en un acto de intimidación gubernamental. La funcionaria es la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, la encargada de combatir la corrupción. Uno de los periodistas soy yo.
Una vez más en este sexenio, una investigación periodística refleja lo poco que el gobierno mexicano respeta la transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de expresión y, sobre todo, el combate a la corrupción.
Ella es la portadora de la bandera de honestidad que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y según una investigación periodística que publicamos en Latinus recibió, de manera indebida por parte del gobierno, un terreno público para su goce privado cuando era académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ya formaba parte del movimiento encabezado por el ahora presidente.
El reportaje también señala —todo con base en documentos obtenidos a través de fuentes públicas— que, pese a tener un salario modesto como investigadora universitaria, compró de contado junto con su esposo —el también académico y lopezobradorista John Ackerman— cinco propiedades inmobiliarias en solo nueve años.
La secretaria y su esposo, quien fue contratado como uno de los conductores estrella de la televisión pública tan pronto AMLO llegó a la presidencia, respondieron virulentamente en Twitter a la investigación. Él solo insultó. Ella acompañó los insultos con un comunicado oficial de la dependencia a su cargo, en el que se acepta que recibió la propiedad pero argumenta que fue un acto de justicia por una añeja lucha por la vivienda encabezada por su padre. En las expresiones públicas de la pareja, argumentaron que el terreno se escrituró a nombre de ella por ser la mayor de los hermanos, y que se pagaron los trámites de regularización. Eso no contradice el argumento central del reportaje: el gobierno le regaló un terreno.
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