El gobierno de Veracruz, con Javier Duarte a la cabeza, le entregó a una red de empresas fantasma 645 millones de pesos para supuestamente comprar cobijas, útiles escolares y zapatos para damnificados por desastres naturales o personas en situación de pobreza. Sin embargo, es imposible saber si estos productos llegaron a su destino.
Los recursos, en realidad, fueron entregados por funcionarios del gobierno a empresas cuyos supuestos dueños son vecinos de colonias populares, quienes afirman que les hicieron firmar documentos a cambio de promesas de apoyo.
Estos funcionarios, que se aprovecharon de licitaciones a modo y adjudicaciones directas, son colaboradores cercanos de Javier Duarte desde hace años y han estado relacionados con otros casos de presunta corrupción.
Esta es la segunda de tres partes de la investigación de Animal Político que demuestra cómo estos funcionarios firmaron documentos y aprobaron la entrega de estos 645 millones de pesos. La primera puede consultarse aquí. Mañana publicaremos la tercera.
Nada de empresas
La pintura de la casa se cae a pedazos y la corrosión devora las rejas que protegen la única ventana. La puerta de la entrada es un rectángulo de madera carcomida y decolorada y, al interior, el polvo recubre los pocos muebles que están sobre el maltrecho piso de concreto. No hay televisión, radio o algún otro aparato. Mucho menos una computadora o una impresora en el interior 3 de la calle Michoacán 410, en el puerto de Veracruz.
Esta es la sede de la empresa Carrirey, una comercializadora que obtuvo contratos millonarios del gobierno veracruzano y que en su acta constitutiva señala que se dedica a 17 rubros distintos, entre ellos vender cualquier producto legal. En un solo contrato el gobierno de Javier Duarte le adjudicó 19 millones de pesos por la venta de material didáctico especializado.
