La preocupación medioambiental cruza transversalmente los principales proyectos de infraestructura de López Obrador y alberga las mayores resistencias sociales que enfrentará su gobierno en 2020. Esta agenda no ocupa un lugar importante entre sus prioridades, paradójicamente, es un obstáculo central para la marcha de obras emblemáticas como el Tren Maya, el Transístmico y el aeropuerto de Santa Lucía o la termoeléctrica de Morelos. La creciente oposición de pueblos originarios y de los zapatistas es un inconveniente en su camino y, sobre todo, un reto para la máxima de que el “pueblo manda” sobre las decisiones del gobierno.
El desarrollo de infraestructura pública en el país es necesario, pero estos procesos obligan a consulta previa y participación de los pueblos originarios para evitar la discriminación o la exclusión social. Por ello, los derechos indígenas con las regulaciones medioambientales se ciernen sobre esas obras con la sentencia de: “con la Iglesia hemos topado”, del Quijote a Sancho en uno de los momentos más difíciles de su aventura. El Presidente reconoció que, si se retrasa su construcción después de 2020, ya no sería posible concluirlas en el sexenio, después de que advirtiera que no iniciaría proyectos que no terminaran en 2024. Al cabo de su primer año en el poder, lo menos que puede decirse hoy es que la infraestructura para aviones o trenes viene demorada, a pesar de que esta semana arrancó la licitación para la participación de empresas privadas en la construcción de los primeros siete tramos del Tren Maya.
¿Por qué López Obrador mete presión a las obras, particularmente al proyecto ferroviario que recorrerá cinco estados del sureste, y que, según el titular del Fonatur, servirá como detonante de polos de desarrollo urbano para la expansión de negocios y turismo en la región? La primera posibilidad es que previene eventuales incumplimientos de empresas que ganen los contratos, a las que amenaza con exhibir públicamente si fallaran a las condiciones contractuales. Pero detrás también está el temor de que las perdedoras puedan inconformarse si el gobierno licita sin todos los permisos medioambientales, como es el caso del Tren Maya.
Un mayor peligro, sin embargo, es la presentación de amparos de las comunidades contra la consulta que el gobierno realizó en diciembre a pueblos indígenas y que el EZLN y el Consejo Nacional Indígena rechazan como una “simulación”. Al amparo de las críticas contra ella, crecen las resistencias hacia los proyectos de infraestructura, que incluyen amenazas de movilización de las comunidades para detenerlas y disuadir a los empresarios de seguir adelante, como ha sucedido en la industria minera.
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