Este martes será presentado el ‘Índice Paz México 2018’, informe que sistematiza diversas informaciones sobre seguridad y tranquilidad social, desarrollado anualmente desde 2013 por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), y en el que se destaca que el nivel de paz del país se deterioró 11% durante el año pasado.
El informe considera que el crimen organizado sigue siendo el desafío de seguridad más importante del país y que los enfrentamientos relacionados con homicidios entre grupos del crimen organizado se intensificaron en 2017, cuando varios líderes de cárteles fueron eliminados o arrestados, fracturando grupos y creando luchas de poder internas y externas.
La tasa de “delitos violentos, que incluye asaltos, robos y violencia sexual”, aumentó 15%, pero la violencia doméstica también ha aumentado 32% en los tres años previos. Esto es importante porque quiere decir “que la violencia dentro y fuera del hogar sigue unida, lo que sugiere que los deterioros en la paz, ya sean derivados del crimen organizado u otras dinámicas, están teniendo efectos generalizados”, indicó.
Además, el impacto económico de la violencia fue ocho veces mayor que el gasto público en salud y siete veces mayor que el gasto en educación, por lo que alcanzar pequeñas reducciones en el nivel de violencia podría ejercer un importante impacto positivo sobre la economía.
“La violencia y el miedo a la violencia crean grandes trastornos económicos, en tanto que los incidentes violentos generan costos por daños materiales, lesiones físicas o trauma psicológico, el miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía, sobre todo al cambiar los modelos de inversión y consumo, pero también al desviar los recursos públicos y privados de las actividades productivas y dirigirlos a medidas de protección”, apuntó.
Para colmo, el Estado mexicano invierte menos de lo recomendado en su sistema judicial y de seguridad, con el 1% del PIB, cifra que representa apenas el 60% del promedio para los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Los asesinatos aumentaron 21% respecto al año previo, poniendo en 24 la tasa homicidios por cada 100 mil habitantes, registro “similar a la de Colombia y la octava más alta del continente americano”.
El reporte indica que el número de homicidios en México alcanzó un máximo histórico con más de 29 mil personas asesinadas, junto con el incremento en delitos con armas de fuego en 36%, las cuales se utilizaron en 69% de los homicidios.
Esta violencia representa un impacto de 249 mil millones de dólares, es decir 21% del Producto Interno Bruto (PIB), y el aumento de la violencia no se debe sólo a la presencia del crimen organizado, sino también a la delincuencia común y la violencia interpersonal.
El nivel de violencia es impulsado por los altos niveles de impunidad: “El Índice Global de Impunidad ubica a México en el lugar 66 de 69 países evaluados; el número de mexicanos que consideran la impunidad como el problema más preocupante casi se ha triplicado en los últimos cinco años, aumentando del 7% en 2012 a 20% en 2017″, añadió.
Los estados más pacíficos, según el informe, fueron Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas, que mejoraron su calificación con excepción de Coahuila. A su vez, las entidades menos pacíficas fueron Baja California Sur, Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas. La brecha entre los más pacíficos y los menos siguió en aumento, ampliando la desigualdad en términos de niveles de paz en México.
El informe refiere que hay ocho “pilares de Paz Positiva; es decir, los factores que sostienen a las sociedades pacíficas”; estos son “Buen funcionamiento del gobierno, Distribución equitativa de los recursos, Libre flujo de información, Entorno empresarial sólido, Alto nivel de capital humano, Aceptación de los derechos de los demás, Bajos niveles de corrupción y Buenas relaciones con los vecinos”.
En México, destaca el reporte, “tres de estos pilares muestran gran fragilidad: Buen funcionamiento del gobierno, Libre flujo de información y Bajos niveles de corrupción”.
“El porcentaje de mexicanos que dijeron tener altos niveles de confianza en instituciones de seguridad pública fue de 18% en 2017, el nivel más bajo desde 2012″. Asimismo, “64% de los mexicanos percibieron a las instituciones de seguridad pública como corruptas y 70% tuvieron una percepción similar sobre los jueces”, concluyó.
aml
