La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí estableció en 2019 contratos con Comercializadora Antsua, proveedora en México del programa Pegasus, con el que se espió a periodistas y defensores de derechos humanos, informó la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). El INAI le ordena a la dependencia entregar la información respectiva.
Este jueves la R3D recordó que en octubre del año pasado, cuando reveló el espionaje cometido contra Raymundo Ramos Vázquez, Ricardo Raphael y Animal Político mediante el uso del malware Pegasus, lo que coincidió con la compra, por parte de la Sedena, de un sistema de monitoreo remoto de información a Comercializadora Antsua. Entonces concluyó que el Ejército “ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de dicho contrato”.
Frente a la denuncia y cuestionado respecto al ocultamiento del contrato entre Sedena y Comercializadora Antsua, en su conferencia de prensa del 5 de octubre de 2022 dijo: “Que se dé a conocer, pero no debe de haber absolutamente nada oculto. O sea, nada malo, pero que se entregue todo”.
Sin embargo, en respuesta a solicitudes la Sedena ha negado contar con la información sobre sus contratos con la proveedora de Pegasus en México.
Pero un par de documentos que ha obtenido la R3D vía transparencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacen referencia al contrato y pagos establecidos por la Sedena con Comercializadora Antsua.
El primero de ellos es una comunicación de la Oficialía Mayor de la Sedena fechada el 30 de agosto de 2021 con información respectiva a una auditoría que se practicaba al Instituto Nacional de Migración, en el que se hace referencia a los contratos y convenios que estableció con Comercializadora Antsua.
El segundo documento es una nota informativa en la que se detallan los pagos efectuados a Comercializadora Antsua entre el 2 de mayo y el 10 de diciembre de 2019 por una cantidad total de 139 millones 199 mil 999 pesos.
Sin embargo, pese a la evidencia de existencia de contratos que significan esos documentos que la Oficialía Mayor de la Sedena ha dirigido a la ASF, continuó la negativa de esa dependencia a entregar la información respectiva.
Ante el ocultamiento de la Sedena, la R3D promovió un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el cual respaldó con la documentación antes referida.
En su sesión del miércoles pasado el INAI consideró que la Sedena no hizo una búsqueda exhaustiva de los solicitado e incumplió con sus obligaciones de transparencia, por lo que ordenó que todas las unidades administrativas de esa dependencia deben hacer una nueva búsqueda para entregar la información solicitada.
