Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) pagar un adeudo de mínimo 15.4 millones de pesos (más intereses) por el aduedo de la renta de un edificio que no ocupó.
De acuerdo con el reporte de Reforma, en 2012 la dependencia firmó un contrato con la empresa Bucaprim para rentar un edificio de seis pisos ubicado en Bucareli 107, esquina General Prim, por un costo de 336 mil 400 pesos mensuales.
El inmueble de dos mil 528 metros cuadrados y 20 lugares de estacionamiento nunca fue ocupado por la Segob, indica el reporte.
A pesar de la firma del contrato, el 30 de abril de 2012 el director general de Recursos Materiales de la Secretaría emitió un oficio en el que notificaba a la inmobiliaria la cancelación unilateral del contrato con fecha del 9 de mayo de 2012.
El argumento de la Segob, según el oficio de Roque Diego, es que el costo por la renta del inmueble ascendería a 16.2 millones de pesos por “vicios ocultos”, monto que superaba el que se había acordado con Bucaprim para remodelaciones.
No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil determinaron que la notificación que hizo la Secretaría no es suficiente para cancelar el contrato, por lo que tendrá que pagar el adeudo más intereses moratorios anuales por 41 meses de retraso (monto que ascendería hasta 21 millones de pesos, aproximadamente).
“No bastó que le haya hecho del conocimiento a la arrendadora la terminación anticipada ya que en términos de la cláusula décimasegunda, Gobernación estaba obligada a dar aviso con 60 días previos a la arrendadora de tal decisión”, se lee en la sentencia difundida por el rotativo.
Al respecto, la dependencia federal ha intentado llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin éxito, lo cual considera como una actuación parcial por parte de las autoridades judiciales.
“El arrendador dolosamente en lugar de tomar posesión de su inmueble insiste de mala fe en generar demandas con el objeto de obtener un lucro indebido, lo cual no sería trascendente, siempre que las autoridades judiciales se colocaran en forma imparcial y resolvieran conforme a derecho”, expuso Gobernación.
Aunado a ello, Reforma también reporta que el edificio mencionado es ocupado por un grupo de “paracaidistas” encabezado por la perredista Diana Sánchez Barrios, hija de la líder de comerciantes ambulantes Alejandra Barrios, según el testimonio de varios trabajadores de la zona.
En dicho edificio viven familias y hay personas que tienen negocios de reparación de electrodomésticos, a quienes incluso se les ofreció la posibilidad de vivir ahí por cinco mil pesos por el traspaso del departamento y una renta de 250 pesos a la semana.
Sin embargo, la persona que les ofreció el espacio (nadie quiso dar sus datos) les advirtió que el terreno estaba en pugna por lo que podrían ser desalojados en cualquier momento.
“Mi amigo me dijo: bien que dures 15 días, una semana. Así me lo dijo, me habló claro. Todos saben que ese predio lo está peleando Diana Barrios para quedarse con todo. Mis amigos rentaban como en cinco mil pesos sus otros departamentos y ahora pagan mil pesos al mes. Les salió bien barato”, dijo un los trabajadores que ocupa el edificio.
mahy
