Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, reconoció la disposición de Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para trabajar en la utilización de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la emergencia de Guerrero. No hizo referencia a la medida cautelar dictada por un juez federal sobre esos recursos.
Un día después de que Piña Hernández manifestara su disposición al diálogo sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar los recursos de 13 fideicomisos del PJF en la atención a las zonas de Guerrero afectadas por el huracán Otis, además hacer la petición de una vía institucional para entablarlo, la titular de Gobernación contestó en una carta con un reconocimiento a la ministra por “su sensibilidad y disposición de trabajar conjuntamente”.
Además, Alcalde afirmó que al presidente la instruyó para establecer el diálogo no sólo con la ministra presidenta de la SCJN, sino también con los órganos directivos del Congreso de la Unión para instalar una comisión integrada por representantes de los tres poderes para que sean administrados, “a través de un fondo de ayuda los recursos de los fideicomisos que el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación, y determine de forma colegiada el destino de los mismos, dando puntual seguimiento a su aplicación conforme a los principios de transparencia y máxima publicidad”.
Alcalde se manifestó segura del impacto positivo de las acciones que sí mencionó, advirtió de “la pronta recuperación de la región” y del fortalecimiento de la “coordinación y diálogo respetuoso entre los Poderes de la Unión”.
La funcionaria no hizo ninguna referencia a la suspensión provisional que el martes un juez federal otorgó sobre la reforma que establecía la extinción de los fideicomisos del PJF, por la que ordenó detener la entrega de sus recursos a la Tesorería de la Federación y no proceder a su cancelación o extinción.
Al respecto, el constitucionalista Francisco Burgoa, de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirmó que, por muchas buenas intenciones que tuviera tal acuerdo entre los Poderes de la Unión, resultaría ilegal.
Al respecto, explicó en su cuenta de X que un acuerdo como el que pretende establecer el gobierno federal “no puede estar por encima de la ley y la ley dice que esos recursos van a la Tesorería y a su vez a programas del Plan Nacional de Desarrollo, vía la SHCP”.
Al respecto, sobre la medida cautelar dictada el martes por un juez federal comentó que “ya hay, al menos, una suspensión que detiene esa transferencia y aún así, son 120 días hábiles los que tiene el PJF para extinguir esos fideicomisos”.
