El Instituto Nacional Electoral (INE) dispondrá en 2025 de 19 mil 645 millones, de los que casi una tercera parte serán dedicados a la elección de juzgadores. Sin embargo, esto significará importantes recortes en sus actividades, por lo que solicitará una ampliación presupuestal.
La madrugada de este martes el Consejo General del INE aprobó ajustes a su presupuesto, en el que privilegió la elección judicial. Así, ejercerá los 19 mil 645 millones 790 mil pesos que le aprobó la Cámara de Diputados, previo recorte de 8 mil 855 millones respecto a su propuesta. De aquella cifra, 6 mil 219 millones serán dedicados a la elección de los juzgadores.
Sin embargo, esa cantidad es insuficiente para cubrir de manera óptima las fases requeridas para llevar a cabo el proceso electoral extraordinario que culminará en 2025. Así, por ejemplo, la consejera Dania Ravel informó que sólo serían contratadas 4 mil 941 personas para supervisión electoral, 32 por ciento menos de lo planeado, y de personas capacitadoras sólo serían empleadas 24 mil 715, 43 por ciento menos de la estimación original.
Pero posteriormente el Consejo General aprobó números peores que los mencionados por la consejera Ravel durante la discusión: sólo serán contratadas 3 mil 121 supervisores electorales y 18 mil 568 capacitadores asistentes electorales. Por supuesto, no serán instaladas las 172 mil casillas del proceso electoral de 2024, sino que se calculan unos 73 mil casillas que serán llamadas “seccionales” ante la precariedad de los recursos.
En el esfuerzo económico para intentar sacar adelante la elección judicial el INE tuvo que disminuir gastos en alimentación, combustibles, viáticos, pasajes, materiales, útiles de oficina y pago de honorarios permanentes.
Durante la discusión también se aclaró que los recortes implicarán una mayor carga de trabajo para el personal, que no se le dé mantenimiento a sistemas y la cancelación de cuando menos 60 proyectos de diversas áreas y que otros se cumplan pero sin los alcances con los que habían sido planeados.
Respecto al recorte de recursos, la consejera Carla Humphrey señaló que “parece ser una tendencia de asignarles mayores encomiendas al INE y al mismo tiempo recortarle los recursos para atenderlas”, lo que, añadió, “puede poner en riesgo sistémico a la institución y su viabilidad entera. Si esto así, el desenlace y sus impactos no serán nada positivos para la calidad de nuestra democracia”.
A su vez, la consejera Claudia Zavala reforzó la observación: “Mermar por un pretendido ahorro de recursos la legitimidad de la elección más importante de estos últimos años, toda vez que se trata de la elección de las personas que dentro de la nueva organización política del Estado habrán de impartir justicia y proteger nuestros derechos humanos, no ayuda en nada ni al fortalecimiento de la democracia y mucho menos al de la República”.
El Consejo General acordó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestal para poder realizar sus actividades ordinarias para el segundo semestre de 2025.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, dijo que está abierta la puerta de la Presidencia de la República, lo que “habrá de rendir frutos favorables” ya que “garantizará la posibilidad de una ampliación presupuestal que se trabajó de manera paralela con este reajuste en donde fuimos viendo lo que es inevitablemente solicitar y lo que sí podemos postergar para otro momento o posponer para el segundo semestre”.
