A un año del supuesto enfrentamiento entre militares y 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, los tres testimonios clave no han sido constantes en sus declaraciones. Entre ellos, se encuentra la mujer que difundió el caso en una entrevista para la revista Esquire.
Con base en la averiguación previa AP/PGR/-SEIDO/UEITA/174/2014, a la cual tuvo acceso El Universal, las declaraciones de las tres mujeres que estuvieron presentes en dicho acontecimiento no mantuvieron la primera versión que dieron a la PGR.
Cinthia Estefany Nava López, una de los testigos, dijo el mismo día del enfrentamiento que ella había sido secuestrada, junto con otra mujer y dos hombres, cuando los militares llegaron gritando a los presuntos delincuentes que se rindieran.
Sin embargo, el 4 de julio, Nava López cambió su testimonio y confesó que en Arcelia, Guerrero, había conocido a una mujer conocida como “La Chaparra”, la cual le ofreció un trabajo como sexoservidora del grupo delictivo involucrado en el enfrentamiento. Asimismo, sostuvo que ella tenía un ya un día en la bodega donde ocurrieron los hechos.
Por su parte, Patricia Campos Morales indicó al Ministerio Público, en un primer momento, que también había sido secuestrada junto con dos hombres, supuestamente asesinados por los soldados, y otra mujer que había sobrevivido al tiroteo.
Pero al igual que Nava, el 1 de octubre cambió su testimonio y confesó también ser sexoservidora y que estaba en dicho lugar por voluntad propia. Relató que había puesto una manta en el suelo donde se iba a acostar con un hombre conocido como “El Chino”, cuando los militares llegaron y empezaron los disparos. “El Chino” la amarró con un alambre y la colocó en la esquina junto con la otra mujer “para que cuando entraran los militares les dijera que estaba secuestrada”.
El último testimonio, que se mantiene en el anonimato con el nombre de “Julia”, fue quien dio a conocer su caso en la revista antes mencionada. Aseguró ante el MP, el 4 julio de 2014, que era la única mujer que no convivía con el grupo delictivo. Indicó que escuchó cómo nombraban a dos sujetos, “El Ocho” y “El Mexicano”, mismos que anunciaron cuando los militares “les cayeron” y “comenzaron a disparar de adentro hacia afuera, y empezó el enfrentamiento”.
“Julia”, originaria de Guerrero, dijo el 1 de octubre que había llegado a San Pedro Limón, Estado de México, para buscar a su hija, la cual encontró con un grupo de hombres armados, quienes las llevaron a la bodega donde se dio el enfrentamiento.
Ese mismo día, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que no coincidían los tres testimonios, pues “Julia” había asegurado a la revista que dentro de las víctimas civiles que se habían rendido y que fueron ejecutadas por el Ejército, estaba su hija de 15 años.
Sin embargo, tras los peritajes realizados en la zona, la PGR no encontró elementos de que alguno de los ocho cuerpos que pudieron ser ejecutados se tratara de la menor de edad.
Todas las declaraciones se encuentran bajo la causa penal 81/2014, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, la cual se integró en contra de siete militares por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
Tres de ellos tienen cargos por abuso de autoridad y homicidio calificado en agravio de ocho personas: Miguel Ángel Rodríguez Viviano, Álvaro Palacios González, Tomás Domínguez Flores, José López Santos, Marcos Salgado Burgos, Jorge Andrés González Olarte, Jesús Jaimes Adame y Ricardo Sarabia Guzmán.
Cabe señalar que las dependencias que se han involucrado en la investigación han manejado un número distinto de posibles homicidios. La PGR sostiene que fueron ocho, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México estima que fueron 11 de los 22 cuerpos encontrados. A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma que fueron 15 las presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
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