A pesar de los recursos que el gobierno de Morelos ha depositado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para cubrir los salarios de sus trabajadores, la administración de Alejandro Vera Jiménez sigue sin cumplir con sus compromisos.
En un audio que circula por las redes sociales se puede escuchar cómo la secretaria de finanzas del sindicato de trabajadores de la UEAM, Yedid Román Vargas, cuestiona al jefe de personal de la universidad, Julio Ramírez González, la falta del pago de sus incentivos.
Román Vargas hace énfasis en que la universidad recibió recursos para cubrir los pagos de la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, sin embargo y hasta el momento, la administración de Vera no ha hecho los depósitos correspondientes.
Apenas este 10 de octubre, el gobierno de Morelos depositó 22 millones 410 mil pesos a la universidad para cubrir el pago número 21, correspondiente de los primeros días de octubre, de sus trabajadores. No obstante el jefe de personal dice “que no iba a alcanzar” cuando se le cuestiona por el retraso.
Precisamente el depósito se hizo a petición de los dirigentes de los sindicatos de trabajadores Administrativos (STAUAEM) y Académicos (SITAUAEM), así como de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).
Apenas el fin de semana, el juez de Control y Juicios Orales de Morelos, Adolfo González López, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por no vincular a proceso penal a Vera Jiménez, quien enfrenta acusaciones por desviar 600 millones de pesos, un préstamo que solicitó al Banco Interacciones, sin la aprobación del Congreso del Estado y debido al cual está comprometida la estabilidad financiera de la institución educativa
De acuerdo con un reporte de El Universal, el rector Alejandro Vera, al suscribir el contrato de crédito, ofreció como garantía el total de los ingresos de la mismas, provenientes de 2.5% del subsidio estatal. Para esto contó con el respaldo del Consejo Universitario, pero no con la aprobación del Congreso a pesar de que el Presupuesto de Egresos para ese año estableció la prohibición para que los órganos autónomos contrajeran obligaciones que comprometieran recursos en ejercicios fiscales posteriores, “si para ello no cuenta con la autorización del Congreso y estén debidamente justificadas”.
