Esta semana varios diarios nacionales y locales han documentado desde el pasado miércoles 21, lo que muchos ya sabíamos: que la violencia criminal en el país pone en riesgo el proceso electoral en marcha y la elección del próximo 2 de junio, pues su presencia en al menos 40 distritos electorales federales, hacen que alrededor de 8.4 millones de votantes puedan verse afectados en su participación electoral.
Según una investigación del Diario Milenio, esos 40 distritos se encuentran en una decena de estados, en los cuales están asentados el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Los Zetas, el cártel de Santa Rosa de Lima, entre otros, quienes controlan los territorios o se los disputan. Dicha investigación se basa en un cruce realizado con datos de presencia criminal de la Secretaría de la Defensa Nacional y el mapa de distritos electorales del INE, así como con información dada por partidos políticos consultados.
Los estados de la república son los que a diario vemos en las noticias: Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato; entidades donde ha crecido la violencia de cárteles y en los cuales la Guardia Nacional se pasea sin molestarse en tomar acción contra ellos. Así, en el distrito 1 de Guerrero, al cual pertenecen los municipios de Coyuca de Catalán y Arcelia, hay una encarnizada disputa entre la Familia Michoacana y Los Tlacos.
En Michoacán, los distritos 1 y 2, que comprenden los municipios Ario de Rosales, Huacana, Múgica, Parácuaro, Tumbiscatío, Apatzingán, Aquila, Coalcomán, Buenavista, están dominados por el grupo denominado Cárteles unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En Guanajuato, en el distrito 8, que integra el municipio de Villagrán, es centro de operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima, grupo liderado por José Antonio Yépez, el famoso Marro. En Jalisco, en los distritos electorales 12 y 14, se encuentra el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el cual está asentado el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero la investigación documenta más casos en otras entidades: Colima, Chiapas, entre otros.
Y es que como pudimos ver esta semana, en el municipio de San Miguel Totolapan, en las montañas de Guerrero, fueron asesinadas 17 personas según video que el mismo grupo criminal de Los Tlacos dio a conocer mediante redes sociales, en el cual se ve de manera grotesca y descarnada, cómo son asesinados y “rematados”, los integrantes del cártel contrario, lo que tristemente nos muestra cómo el pacto de paz que buscaron los obispos de Guerrero en semanas pasadas, fracasó.
Otros medios, como Telediario, también documenta cómo estos grupos criminales no sólo tienen asolada a la población, sino también a las personas que aspiran a competir por un cargo de representación popular, pues ya son varias las denuncias acerca de cómo si un grupo criminal no está de acuerdo con alguna candidatura, les envían recados de que “se bajen por las buenas”, de tal manera, que incluso algunos partidos políticos se encuentran con la dificultad de contar con candidatas y candidatos, pues ante el grave riesgo prefieren no competir. Además de que al menos 16 aspirantes a algún cargo de elección popular han sido asesinados entre el 4 de junio del año pasado y el 7 de febrero de este año. Y a pesar que el dos de febrero pasado, el INE dio a conocer el protocolo de seguridad para proteger a las personas candidatas, los partidos dijeron que la propuesta era del todo insuficiente.
Aunque el misterio de que la Guardia Nacional patrulle muchas zonas del país mientras la delincuencia campea a sus anchas pareció despejarse también esta semana, ya que en su mañanera el presidente hablando del caso de San Miguel Totolapan, reconoció que él mismo le ha pedido al ejército y Guardia Nacional no intervenir, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿si no van a intervenir, entonces para qué patrullan las carreteras? ¿Para qué necesitamos miles de guardias nacionales desplegados en el territorio nacional? y, ¿Para qué queremos presidente, si de viva voz éste ha renunciado a su obligación elemental como primer mandatario? Misma que se plasma en el artículo 89 constitucional fracción sexta, que a la letra dice: “el presidente de la república tiene la obligación de preservar la seguridad nacional”
Ante este contexto, la ciudadanía está llamada a exigirle al presidente que cumpla con sus obligaciones, porque abandonar al pueblo que tanto dice apoyar significa una verdadera traición a la patria.
Vivimos un momento histórico sin precedentes, hoy la ciudadanía debe ponerse al frente para proteger su derecho al voto libre y efectivo, hoy la ciudadanía está llamada a tomar el proceso electoral en sus manos ante la omisión criminal del presidente frente a la delincuencia; debe acudir sin reparos a cuidar los votos a las urnas pero también a colmarlas de votos para evitar que la criminalidad se imponga en ellas. Paradójicamente, también debe impedir que el partido oficial siga metiendo las manos al proceso electoral. Hoy la democracia se pone a prueba y no hay más que la ciudadanía para defenderla de los riesgos que la acosan, porque el presidente de la república le ha cedido el paso a la delincuencia.
