Esta semana, cuando la administración de Biden comenzó a usar el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, el riesgo era claro: crear una cascada de acusaciones contra México en el T-MEC por violar derechos laborales. Esta semana sonaron las alarmas en Palacio Nacional. Primero, con una demanda contra la empresa de autopartes de Matamoros, Tridonex, donde detrás está la poderosa central obrera estadunidense, AFL-CIO. El gobierno mexicano logró sortear la investigación. No se corrió con la misma suerte con la planta de General Motors en Silao.
Ahí, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se movió lo más rápido que pudo, y al ver que el tema de controversia era la falta de democracia sindical, exigió una nueva votación para revisar el contrato colectivo de trabajo por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica Miguel Trujillo López.
La Secretaría del Trabajo pidió la reposición de la votación del contrato colectivo de trabajo, con un padrón confiable, votación segura y secreta para los trabajadores, con conocimiento de la convocatoria.
Aun así, el gobierno de Biden formalizó la primera solicitud de EU en el T-MEC de un mecanismo de respuesta rápida, donde México tendrá apenas 45 días para responder si se denegaron los derechos laborales en Silao GM.
El presidente López Obrador lo vio con el canciller, Marcelo Ebrard. La jugada de la Casa Blanca era clara: llenar a México de demandas laborales a través del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC.
Ebrard se movió. Y a través del embajador en Washington, Esteban Moctezuma, México envió una carta de 14 páginas al secretario de Trabajo de EU, Martín J. Walsh.
La misiva propone una cooperación en el marco del T-MEC, dentro del artículo 23.12, para atender las faltas de aplicación a leyes laborales en empleados mexicanos, que se dan en la agricultura, procesamiento y empacamiento de proteína en EU. México trae una estrategia acertada en responder para que también ellos atiendan los derechos laborales.
IFT, CONTROVERSIA POR EL RARO PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL
El Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo lo correcto como órgano autónomo: interponer una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que, supuestamente combatirá inseguridad, cuando todo mundo sabe que ningún criminal se inscribirá en él. Y ahora sí fue todo el pleno a favor de la controversia: Adolfo Cuevas, Javier Juárez, Arturo Robles, Sostenes Díaz y Ramiro Camacho. El padrón va contra los artículos 6º y 7º de la Constitución, por evitar el derecho a la información, y por violar la libertad de difundir opiniones, informaciones o ideas por cualquier medio. Además, el IFT no puede hacerse cargo del padrón: no tiene presupuesto para ello. Le asignaron 510 millones de pesos para cumplir sus funciones de órgano autónomo, no para administrar un padrón de esa magnitud. El IFT ha presentado otras controversias, como la de salarios o lineamientos de los derechos de las audiencias.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 13 de mayo de 2021. Agradecemos a José Yuste su autorización para publicarlo en nuestra página.
