La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio antier carta abierta a los vándalos en la Ciudad de México: anuló el delito de “ataques a la paz pública”, que castigaba hasta con 30 años de prisión los destrozos como los del tristemente célebre 1 de diciembre de 2012.
¿Por qué? Pues considera que sancionar las agresiones a la paz pública es inconstitucional, ya que “atenta contra la libertad de expresión”. ¿Sí? Recordemos entonces qué sucedió aquel día en que las turbas divinas de AMLO saquearon el Centro Histórico:
—En la TV se vio al septuagenario líder de los macheteros de Atenco, Ignacio del Valle, robando combustible en una gasolinera de Eje 1 y Joaquín Herrera, para después incendiar bancos, cafeterías y restaurantes en el Centro.
—Decenas de encapuchados echaron abajo fachadas de cristal de hoteles, restaurantes, bancos y cafeterías de La Alameda.
Cuando la SSPDF los enfrentó, AMLO los defendió públicamente ese mismo día al afirmar que “no había motivo para usar la fuerza bruta contra los estudiantes”. ¿Estudiantes? ¿Estudia algo el adolescente emocional Ignacio del Valle, a sus pasados 70 años?
Pero después de aquella fecha fatídica los vándalos de AMLO se convirtieron en profesionales del destrozo público:
—Carlos Esteban Jiménez Martínez (dirigente de las Juventudes del PT, público promotor de AMLO y quien encabezó el vandalismo en el Centro Histórico) tomó las rectorías de la UAM Iztapalapa y la UNAM.
—Luna Flores, manifestante del 1 de diciembre, una de las encapuchadas que tomó la Rectoría de la UNAM y el 1 de mayo, frente a Televisa, atacó con palos y piedras a agentes de la SSP capitalina.
—Román Borrego, participante del 1 de diciembre, tomó la Rectoría de la UNAM.
—Uriel Sandoval, quien perdió un ojo en las refriegas contra la policía el 1 de diciembre, tomó las rectorías de la UACM y de la UNAM.
—José Luis Ramírez Alcántara, El Chómpiras, intentó quemar con petardos y cocteles molotov la dirección del CCH Naucalpan, golpeó a seis vigilantes de la UNAM y destrozó el campus.
Sin embargo, no sólo quedaron libres, sino que ahora podrán hacerlo de nuevo. Los ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández determinaron que castigarlos “atenta contra su libertad de expresión”.
Antes del 1 de diciembre de 2012 estos delitos eran penados de cinco a 30 años de prisión si mediaba el uso de sustancias tóxicas, se incendiaba o usaba violencia contra personas, bienes públicos o privados o servicios públicos, y si era perturbada la paz pública.
Pero… ya no.
Porque la Corte ha quitado la paz a quienes viven en la CDMX.
En favor del capricho de una minoría.
Este artículo fue publicado en La Razón el 26 de Febrero de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
