Para nadie es un secreto que una métrica fiel de la brecha de desarrollo que aqueja a nuestro país es equivalente a nuestra brecha de conectividad. Sin la apropiación plena en toda la sociedad de los servicios de derivados de las TIC no podemos aspirar a una productividad plena, ni a la optimización social de los elementos educativos, culturales y de bienestar en general, característicos ya del siglo en curso.
Puesta en números, esta asignatura pendiente resulta en que casi la mitad de los hogares (47 de cada 100) aún no cuentan con conectividad regular al Internet. A pesar de ser un derecho consagrado en la Constitución, 16.4 millones de hogares no lo tienen.
El costo de la conectividad faltante
La más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 del INEGI revela que se ha frenado el ritmo de conexión de hogares. En el 2016 este indicador crecía 22.2%; 11.1% en el 2017, y desaceleró a tan sólo 5.4 por ciento.
Aquí la estadística evidencia la creciente dificultad de alcanzar hogares en el margen, en buena medida por los costos crecientes del despliegue de su infraestructura.
Tampoco es un secreto que la geografía de nuestro país atenta contra su desarrollo. La compleja y agreste geografía, así como la vasta dispersión poblacional, dificultan y encarecen la provisión de servicios derivados de las infraestructuras, como carreteras, agua potable, electricidad y las telecomunicaciones, entre otras. Esto resulta de que la provisión de sus servicios demanda mayores inversiones que en otras latitudes.
Efectivamente, resulta complejo económicamente llegar a poblaciones con pocos habitantes, en comunidades remotas y en condiciones de rezago. Por ello, es menester generar las condiciones necesarias para incentivar el despliegue de infraestructura y, consecuentemente, dar fin al escenario de déficit para alcanzar la conectividad universal.
Con base en la experiencia internacional de formación de capital para la conectividad en países de la OCDE, se estima que los costos de despliegue de infraestructura en el primer 5% de la población fueron 3.5 veces mayores que en el rango de 50 por ciento. Asimismo, el punto de menor costo marginal se encuentra alrededor de 55% de penetración poblacional. A partir de éste los costos se pueden triplicar para alcanzar un nivel de plena conectividad.
Así surge la pregunta: ¿Cuánto cuesta cerrar la brecha de conectividad?
En un escenario y condiciones como las actuales, el monto requerido para cubrir el déficit de infraestructura y cerrar la brecha de conectividad de nuestro país asciende hoy día a 187,500 millones de pesos. Este costo, vale reiterar, es por el despliegue y no considera costos de mantenimiento de la infraestructura ya existente.
El cálculo de 187,500 millones de pesos es equivalente a 18.3 veces el total destinado a la formación de capital en telecomunicaciones en el 2017.
Ello dimensiona el mayúsculo esfuerzo de inversión, en un contexto de creciente demanda de capacidad.
Para alcanzar este cometido, se requerirá generar los incentivos adecuados y la certidumbre legal necesaria, con elementos de eficiencia operativa del mercado (competencia efectiva) complementados por el esfuerzo de acciones y recursos públicos complementarios.
El objetivo lo vale, proclamar que el marco legal, la regulación, los recursos públicos y privados y en general el esfuerzo nacional permitan llegar a iluminar con señal hasta el último hogar desconectado.
Este artículo fue publicado en El Economista el 2 de mayo de 2019, agradecemos a Ernesto Piedras su autorización para publicarlo en nuestra página.
