Descalificación de cada día
Cada vez es más frecuente la descalificación como arma arrojadiza para suprimir un conflicto en la arena política. Se desacredita para eliminar un problema o desautorizar cuando la “caja china” es ineficiente para desviar la atención. Descalificar para justificar o exculpar. El quitar crédito suplanta al argumento, el debate y la prueba para refutar una acusación penal, controvertidas verdades oficiales y hasta consultas ciudadanas. La lógica, restar al oponente de la competencia. Su costo, la diseminación de la intolerancia en luchas de poder y mayor cinismo.
Podría verse como parte de las estrategias de control de daños en “boga”. La noticia de la orden de aprehensión contra el exsubsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Segob, Arturo Escobar, es refutada con una campaña de descalificación al titular de Fepade, Santiago Nieto. Aviesos vínculos partidistas en su trayectoria inhabilitarían la imparcialidad que exige el cargo, aunque eso no borra la acusación de aportaciones de dinero o especie prohibidas contra el exvocero del Verde. La denuncia en su contra ante la PGR no fue suficiente para desviar la atención y nuevas “filtraciones” descubrieron que Nieto asesoró al PRD en la Reforma Política como investigador de la UNAM y ocultó el dato para llegar al puesto.
La descalificación alcanza a una institución que por primera vez salía de su letargo para averiguar y delatar delitos electorales y, de paso, proyecta dudas sobre la capacidad del INE y el TEPJF de sancionar conductas electorales como las denunciadas contra el Verde en la pasada elección. El asunto central del affaireNieto-Escobar es probar la imputación de violación del artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales, que sanciona hasta con 15 años de prisión al que incurra en la prohibición legal. Acusación que un juez federal rechaza por estar mal planteada. Este es el camino de la defensa y la manera de revertir el golpe más que la desautorización mediática de un partido sin autoridad.
Otra descalificación ha sido escatimar crédito a la CIDH desde que entró al caso Iguala y sus investigaciones llenaran de dudas la versión oficial sobre la matanza en el basurero de Cocula. La nacionalidad mexicana de su secretario general, Emilio Álvarez Icaza, y su trayectoria o vínculos con ONG de derechos humanos de Guerrero, también inhabilitaría al mecanismo multilateral. ¿Qué intereses podrían estar tras la CIDH? ¿Cuál conjura o protagonismo internacional pueden borrar el crimen contra los 43 o las 26 mil desapariciones forzadas en la guerra contra el narco? La decisión del gobierno y de la PGR de mantener la colaboración con la CIDH fortalece la investigación y la credibilidad a los resultados. Corresponsabiliza al grupo de expertos en la calidad y las pruebas de sus pesquisas, en sentido opuesto a desacreditarlos. Ahora tienen que aportar elementos para sepultar la “verdad histórica” y concluir qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. Su crédito depende de la calidad del trabajo, más que de la descalificación nacionalista o de la suspicacia sobre sus objetivos.
Finalmente, la práctica de desestimar la competencia hasta ver que los resultados favorezcan también es frecuente en la sociedad civil, por ejemplo, los vecinos de la consulta del Corredor Chapultepec. Si se impone un “No” al GDF, la consulta es un ejercicio modélico de participación ciudadana, aunque haya ido a votar sólo 5% del padrón, suficiente para detener la falta de transparencia y engaños que acompañaron la presentación del proyecto a un grupo de notables. Pero sobre todo se esfuman las denuncias de inequidad, trampas y acarreados sobre la consulta, no obstante la organizara el IEDF.
Por eso, sólo una conclusión, dudar de la mera descalificación.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 10 de Diciembre de 2015, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página