El 1 de Julio los mexicanos vamos a acudir a las urnas para elegir, entre otros cargos, Presidente de la República. En la boleta, para este espacio crucial en la vida política nacional habremos de elegir entre cinco opciones distintas. Más allá de proyectos políticos, simpatías, pasado o cualquier otra consideración, habrá al menos tres de los cinco candidatos que aparezcan en la boleta que habrán violado de manera flagrante la ley electoral y que, sin embargo, estarán compitiendo por dirigir los destinos de nuestro país. Así de grave, así de delicado.
Primero hemos padecido la falta de valor por parte de las autoridades electorales para sancionar a MORENA y sus candidatos, quienes han violado de manera sistemática la ley en cuanto a los tiempos electorales que nos marca. Mientras nuestra legislación establece tiempos de precampaña, intercampaña y campaña, creo que cualquiera tiene más que claro que la mayoría de los candidatos de MORENA han realizado, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, precampañas y campañas anticipadas, y en el caso de su abanderado a la presidencia lleva una campaña permanente e ininterrumpida de más de una década. No hay siquiera ante ello una amonestación pública.
Por otro lado, el candidato presidencial de MORENA, Andrés Manuel López Obrador ha promovido su imagen en todas las campañas de MORENA. De aplicarse la ley y contabilizarse ese recurso como gastos de campaña, sin exagerar, podemos hablar de miles de millones de pesos de gasto en su promoción personal y un rebase de gastos de campaña que, por ley, debería ser sancionado con la nulidad de su candidatura.
Después de soportar esta falta de decisión de las autoridades electorales, que permiten que impunemente se violente la ley en sus narices, vino el tema de las candidaturas independientes. De escándalo. Los tres punteros de los independientes tuvieron más del 40% de las firmas presentadas como firmas irregulares.
Bajo esa consideración, la única que había logrado rebasar el umbral de firmas requeridas por la ley había sido Margarita Zavala, a quien la autoridad electoral le había descontado casi un millón de firmas irregulares pero había pasado por poco el límite requerido.
Millones de mexicanos nos indignamos. ¿Cómo era posible que una candidata con más del 40% de firmas presentadas irregulares pudiera contender por la Presidencia? Si bien es cierto que las firmas válidas habían logrado rebasar el umbral requerido, la trampa en sí misma merecía una sanción y, no sólo eso, para muchos especialistas se cumplía con las características necesarias para tipificarlo no sólo como trampa, sino como delito electoral. Según ellos, la pena podía incluso superar los tres años de cárcel. Sin embargo, para vergüenza nacional se le concedió el registro.
La terca realidad ha demostrado en los eventos de Margarita que, quien le vendió las firmas, no le alquiló las personas dueñas de dichas firmas para acompañar sus actos, los cuales han demostrado la realidad de su candidatura. Pura espuma. Muchos esperamos aún que se de vista a la FEPADE y pueda ser sancionada.
Pero en contrasentido de la demanda general que exigía sanciones para Margarita y los otros dos punteros a quienes se detectaron un número demasiado grande de firmas irregulares, por encima de cualquier error humano que pudiera considerarse como natural, en la madrugada de hoy, por cuatro votos contra tres, el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación manchó de manera definitiva este proceso y enterró cualquier atisbo de credibilidad que aún tuviera.
Como si no hubiera sido suficiente su actuación en el caso Coahuila, donde quedó evidenciada una tendencia burda por ir quitando gastos de campaña irregulares al candidato del PRI para que el rebase de los mismos quedara en los límites de las violaciones de ley admitidas para declarar nula la elección, ahora el TEPJF exige al INE que otorgue registro como candidato a Jaime Rodríguez, el Bronco, por, supuestamente, no haberle concedido derecho de audiencia para aclarar sus firmas irregulares.
No se niega que las hay, lo que se sanciona es que no le dieron oportunidad de probar que no fueron suficientes para quedar fuera de la boleta y, como Margarita, acreditar que, pese a las trampas, tenía la cantidad necesaria de firmas buenas para competir. Una vergüenza nacional.
Algunos de los datos, tomados de la portada del diario Reforma del día de hoy, son escandalosos.
810,995 firmas no encontradas en el listado nominal; 158,532 firmas simuladas; 205,721 fotocopias de firmas; 23,644 documentos no válidos; todo lo anterior además de transacciones financieras irregulares, gastos no reportados, participación de funcionarios del gobierno de Nuevo León en horarios laborales y muchos más.
Esta es la calidad moral de quien pretende gobernarnos. En una sociedad medianamente democrática, más allá del fallo de la autoridad electoral, alguien sorprendido en este tipo de irregularidades no tendría la desfachatez de pedir el voto a sus conciudadanos. Por dignidad se retiraría de la política. Pero acá no pasa nada.
Si tenemos candidatos al Senado a quienes postulan porque creen que son perseguidos, como Napito. Si tenemos un Presidente de la República que sigue gobernando después de escándalos como la Casa Blanca, Odebrecht, Higa, OHL, estafa maestra, tesis plagiada, Tlatlaya, Ayotzinapa y un largo etcétera. Si tenemos en las listas de candidatos a un sinfín de personas impresentables que se sabe que lo único que buscan es fuero por temor a que el gobierno siguiente pueda investigar sus delitos. Pues en una sociedad así, es natural que AMLO, Margarita o el Bronco puedan ser candidatos, pese a que violan la ley de manera descarada.
Y la pregunta más importante. ¿Y la sociedad civil?
¿En verdad vamos a dejar que este sea el espectáculo que vivamos en una de las coyunturas políticas más importantes de la historia reciente de México?
De mantenerse estas decisiones, pase lo que pase, el resultado del primero de julio llegará con una carga tremenda de ilegitimidad. Con un candidato, hoy puntero, con más de una década de campaña ininterrumpida. Con dos candidatos que no tienen la menor posibilidad de ganar, que violaron la ley, pero que se les permite competir porque en los cálculos de quienes manejan a las autoridades electorales le pueden restar votos a alguien. Al final está por verse que se confirme o no esa hipótesis. Pero siempre quedará la duda de, los pocos puntos que obtengan en la elección, qué tanto habrán influido para el resultado final.
Viviremos entonces una mascarada a la que quieren llamar democracia. Hay que agregar el uso faccioso del aparato de justicia en contra de uno de los candidatos. Si la autoridad tiene alguna acusación firme contra Ricardo Anaya debería sacarla ya he impedirle competir, como a los tres anteriores, pero si no la tiene, si todo ha sido una guerra de lodo a la que se ha prestado la procuraduría para dañar a un adversario político, como todo parece indicar, será otro de los elementos que restará certidumbre al resultado final. Además, el candidato oficial se encuentra envuelto en una trama de desvío de recursos federales, presumiblemente para uso electoral.
En verdad es un basurero. La autoridad electoral ya perdió todo margen de operación política y de calidad moral, el árbitro está cuestionado de antemano y no sin razones.
A esto vamos el primero de julio y ante ello, los ciudadanos, tenemos que demostrar que estamos a la altura de un país mejor, que no merecemos los gobiernos y autoridades que tenemos y que vamos a ponerles un alto con el arma más importante que nos da la democracia, con nuestro voto.
