La democracia mexicana tiene un problema de fondo que se está convirtiendo en una verdadera amenaza para la institucionalidad democrática del país, a saber: el presidencialismo autoritario de López Obrador.
En efecto, el presidente López Obrador está llevando al extremo la concentración del poder con su estilo muy personalista de ejercer el cargo, sacándole brillo al presidencialismo autoritario que ha caracterizado al régimen político mexicano, el cual fue catalogado en su momento por Mario Vargas Llosa como la “dictadura perfecta”.
Al respecto, dice Héctor Tajonar que el presidencialismo mexicano ha sido clasificado como autoritario porque nuestro régimen político desde 1929 mantiene una mezcla de elementos democráticos y dictatoriales. Y aunque López Obrador, dice Tajonar, en varias ocasiones ha asegurado que no pretende instaurar una dictadura, lamentablemente sus actos van demostrando lo contrario, ya que “al parecer, su prioridad no es consolidar las instituciones democráticas y autónomas ni implantar el imperio de la ley, sino fortalecer y extender su propio poder para ejercerlo sin contrapesos institucionales ni limitaciones…”
El presidencialismo autoritario de López Obrador como problema que tiene la democracia mexicana, lo ven también desde el exterior, por ejemplo:
The Wall Street Journal señala, mediante un artículo de Mary O’ Grady, el 15 de julio, que “…la confianza de los empresarios no se recuperará si López Obrador continúa centralizando el poder y burlando el estado de derecho…Urzúa no oculta los riesgos que corre México si a AMLO se le permite seguir tratando al país como su propio feudo.”
De igual forma, el diario español El País, en otro artículo firmado por Javier Lafuente y David Mariscal, el 10 de julio, señala que con la renuncia de Urzúa queda en evidencia “…el mando personalista de López Obrador…el personalismo del presidente mexicano…”
El constitucionalista Diego Valadés, en su libro “El Gobierno de Gabinete y los Gobiernos de Coalición”, caracteriza al presidencialismo tradicional como aquel donde el presidente concentra el poder haciendo funciones de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado, Jefe de Partido y Jefe de las Fuerzas Armadas, lo cual constituye un “hiperpresidencialismo”, cuyos excesos lo hacen un poder “omnipotente” e “incontestado”, “patrimonialista” y “decimonónico”, donde no hay controles políticos ni jurisdiccionales.
Así es nuestro presidencialismo de ahora, como en los viejos tiempos del partido único y del caudillismo dictatorial, donde López Obrador está usando todos los recursos políticos y legales a su alcance para consolidar una máxima centralización del poder en manos del presidente.
Estos son algunos rasgos del presidencialismo autoritario de López Obrador:
El presidente López Obrador ejerce un férreo control sobre sus colaboradores inmediatos dentro del gabinete, no hay oportunidad para el disenso ni la argumentación técnica en la formulación de la política pública, cualquiera que lo intente corre el riesgo de ser aislado o expulsado del paraíso, pues lo que importa es la visión del jefe máximo, por más que ésta esté sustentada en ocurrencias y recetas ideológicas.
Un presidente democrático promueve la integración de un equipo de trabajo, respetando las facultades que sus secretarios tienen de conformidad a la Constitución, abriendo espacios para el diálogo, el intercambio de ideas y de la información, delegando la toma de decisiones para descentralizar el poder.
Este control que ejerce el presidente López Obrador sobre sus colaboradores en el gobierno, también se extiende hacia su partido, donde mantiene un liderazgo innegable sobre la estructura partidaria y una influencia en la designación de candidaturas y dirigentes. Un presidente democrático debe marcar una sana distancia con respecto al partido que lo llevó al cargo, para favorecer una pluralidad democrática y la unidad nacional.
El manejo discrecional que tendrá el presidente López Obrador de una desorbitante y escandalosa bolsa de ahorro del presupuesto público a manera de partida secreta. Un presidente democrático debería renunciar al manejo personal de tal cantidad de dinero para favorecer un ejercicio del poder más transparente y menos personalizado.
Las consultas a mano alzada o mediante urnas que ha instrumentado el presidente López Obrador para imponer proyectos de antemano ya decididos por el mismo, como una simulación de democracia directa. Un presidente democrático asume la responsabilidad de sus propias decisiones y no se escuda en una “consulta popular” a modo.
La integración de una estructura de poder con superdelegados del presidente López Obrador en los estados, los cuales están vinculados directamente con su partido político y que no están exentos de incurrir en algún conflicto de interés. Un presidente democrático debería ser respetuoso de la federación y de los poderes de los estados.
La asignación de contratos de manera discrecional o directa para hacer obra pública o para comprar bienes y servicios, los cuales se han hecho con la autorización del presidente López Obrador, favoreciendo a grupos de interés. Un presidente democrático debería fortalecer los mecanismos de transparencia como regla general y no sólo cuando le convenga a sus propios intereses.
Los ataques constantes del presidente López Obrador contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su negativa para acatar sus resoluciones. Un presidente democrático debería atender las disposiciones de esta institución y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos.
Los enfrentamientos permanentes del presidente López Obrador contra la prensa no oficialista, los periodistas críticos y los intelectuales no orgánicos, a quienes señala de conservadores y fifís para denostarlos. Un presidente democrático debería favorecer la libertad de expresión y respetar la diversidad de opiniones, siendo tolerante con la crítica. Además de que no debería utilizar al sistema público de comunicación como su aparato ideológico y propagandístico.
La confrontación del presidente López Obrador, con el auxilio de sus legisladores, contra el poder judicial teniendo como pretexto el tema de los salarios de magistrados y jueces, así como para la imposición de magistrados carnales, vulnerando con ello la división de poderes. Un presidente democrático debería respetar y promover la separación de poderes y hasta rechazar esas facultades intervencionistas que vulneran la división de poderes.
El nombramiento de un fiscal carnal, también con el auxilio de los legisladores de su partido, que forma parte del grupo político del presidente López Obrador, y cuyo titular tiene un compromiso con quien lo puso en el cargo. Un presidente democrático debería romper toda relación de dependencia con los responsables que hacen la función de Ministerio Público, como una garantía de imparcialidad, autonomía y de acción transparente de la justicia.
La decisión del presidente López Obrador de derogar la reforma educativa mediante memorándum, asumiendo facultades metaconstitucionales o extraordinarias. Un presidente democrático debe acatar al pie de la letra la Constitución y el Estado de derecho.
El uso y abuso que hace el presidente López Obrador de su mayoría de legisladores en ambas cámaras para favorecer la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Un presidente democrático debería procurar los acuerdos plurales, el respeto a la oposición y el equilibrio de poderes, para la racionalización del poder.
El silencio cómplice inicial del presidente López Obrador sobre la ampliación del mandato del gobernador electo en Baja California, que es de su partido, que constituye toda una maniobra política anticonstitucional que fue propuesta y avalada por su propio partido. Un presidente democrático debería rechazar sin demora alguna y con todos los recursos legales a su alcance, cualquier medida política que atente contra la voluntad popular y el Estado de derecho, a fin de atajar toda sospecha sobre el alargamiento de su propio mandato.
La insistencia preocupante del presidente López Obrador para volver aparecer en una boleta electoral con el pretexto de la revocación de su mandato, con lo que no sólo estaría beneficiando electoralmente a su partido, sino que además fortalecería su estilo personalista de concentrar el poder. Un presidente democrático debería sujetarse a los tiempos de su mandato constitucionalmente establecidos y respetar los procesos electorales sin distorsionar la vida democrática de nuestro país. Se le elige para seis años en el cargo y debe continuar hasta concluir para ser factor de estabilidad política.
El consistente empeño del presidente López Obrador por crear una amplia red de clientela social por todo el país, comprando conciencias y votos con dinero público para beneficio de su propio proyecto político, a fin de aplastar a la oposición electoral. Un presidente democrático no debería de utilizar la política social para perpetuar su proyecto de gobierno personalista.
La ofensiva del presidente López Obrador y de su partido contra el INE para cercenar su estructura y reducirle presupuesto; contra el sistema de partidos para ajustar su financiamiento y reducir su representación plurinominal; contra el Tribunal Electoral cuando les pega en gana cuestionarlo cuando no les favorece. Seguimos teniendo un presidente que interviene en la vida electoral del país con el apoyo de sus legisladores y de su partido, lo cual pone en riesgo el sistema electoral democrático. Un presidente democrático debe fortalecer los organismos electorales autónomos e independientes, el pluralismo político democrático y la justicia electoral.
La lógica perversa del presidente López Obrador por someter las leyes, la misma Constitución y las instituciones a su particular estilo de gobernar, donde sólo cuenta su muy personal idea de la justicia. Durante los primeros seis meses de su gobierno, según la organización “Mexicanos contra la Corrupción”, se documentaron al menos 20 acciones ilegales; 7 acciones de dudosa legalidad y 4 leyes a modo. Un presidente democrático debe someterse al imperio de las leyes y de la Constitución, así como a las instituciones que nos hemos dado los mexicanos.
La idea espiritual o religiosa que el presidente López Obrador tiene del Estado como promotor de una moral, fomentando el excesivo protagonismo y liderazgo de iglesias evangélicas en la difusión de esa moral, pasando por encima del Estado laico y de la libertad de creencias. Un presidente democrático debe cuidar el ámbito de las leyes, la justicia y la seguridad, respetando la laicidad del Estado.
La determinación del presidente López Obrador por imponer la militarización del país, poniendo en manos de los militares la seguridad pública, a quienes ha favorecido con prebendas para ganar su lealtad. Un presidente democrático debería fortalecer los mecanismos civiles para la seguridad pública, eficientes y eficaces, y no hacer del ejército su guardia presidencial asentada en toda la república.
En fin, la lista de hechos que demuestran este presidencialismo autoritario de López Obrador, cuasi dictatorial, ya es muy larga en tan poco tiempo.
No es exagerado decir que la institucionalidad democrática y republicana que se venía construyendo está en grave riesgo con esta nueva hegemonía gobernante que nos está llevando a una regresión política con sentido autoritario.
Por el contrario, México necesita un presidente verdaderamente comprometido con la democracia, cuyo ejercicio del poder fortalezca la vida democrática de la república, sus instituciones y el Estado de derecho.
En resumen: más república democrática y menos presidencialismo autoritario.
El último clavo:
A Carlos Urzúa le han dicho de todo desde la 4T tras su renuncia:
“travesti neoliberal”, “cobarde”, “arrogante”, “neoliberal”, “ya te estabas tardando”, “conservador”, “( es como) Meade o Carstens” (lo cual es una ofensa para cualquier neokeynesiano y socialdemócrata que se precie de serlo), “no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, “traidor”, “poco ético”, “soberbio”, “hay quien se sube a un ladrillo y se marea”, “sino es por López Obrador nunca hubieras sido funcionario”, “gris”, “nunca fuiste de izquierda” y un largo etc.
Ciertamente, el respeto a las diferencias no es el fuerte en la 4T; lo suyo es el linchamiento político contra sus críticos. Desde el presidente hasta la base hay mucha intolerancia, muy acorde con ese presidencialismo autoritario que se va instaurando en nuestro país.
