El Proyecto Mundial de Justicia (WJP por sus siglas en inglés) ha publicado recientemente el Índice de Evaluación del Estado de Derecho 2019, que se basa en el análisis de 8 indicadores de las condiciones de legalidad en 126 países del mundo, apoyándose en más de 120 mil encuestas; dichos indicadores son las restricciones a los poderes gubernamentales, la corrupción, el gobierno accesible, el respeto a los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento del marco legal, justicia civil y justicia penal.
En todos ellos México sale reprobado, ocupando el deshonroso lugar 99 de la lista, por debajo de países africanos como Burkina Faso (lugar 73), centroamericanos como El Salvador (84) y asiáticos como Mongolia (53) y superado en corrupción e impunidad por Camboya (125), Afganistán (123) y el Congo (124). El peor país evaluado es Venezuela que repite este año en el último escaño.
La restricción a los poderes gubernamentales se define como la efectiva limitación del poder ejecutivo por la legislatura y por el poder judicial, revisión y auditoría independiente y sanciones a los funcionarios corruptos.
La ausencia de corrupción evalúa que los funcionarios y representantes de los tres poderes no utilicen sus puestos para beneficio personal, asimismo califica el sistema de sanciones a quienes caigan en estas conductas.
El gobierno abierto trata de la publicidad de las acciones de gobierno y de las leyes, del derecho a la información sobre las actividades del gobierno y mecanismos de participación cívica y mecanismos de queja.
El respeto a los derechos fundamentales evalúa el trato igualitario y sin discriminación, el derecho a la vida y a la seguridad de las personas, el respeto al debido proceso en materia penal, la libertad de opinar y expresar ideas sin temor a represalias, la libertad de credo religioso, el derecho a la privacidad, la libertad para reunirse y los derechos laborales.
En Orden y Seguridad, la evaluación fija su objetivo en determinar si el gobierno controla el crimen, si los conflictos civiles son limitados y que las personas no utilicen la violencia como método para solucionar diferencias.
Respecto al cumplimiento del marco legal, WJP evalúa la efectividad del cumplimiento de la ley, si ésta es aplicada sin influencia de terceros, si no hay retrasos en su aplicación, si se respeta el debido proceso en casos administrativos y si el gobierno no ejerce su poder de expropiación de forma autoritaria.
En materia de justicia civil, el estudio tiene como parámetros si las personas pueden acceder al sistema de justicia de una manera razonable y al alcance de su bolsa, que la administración de justicia esté libre de discriminación, corrupción, influencias ilegítimas, que las sentencias se cumplan y que existan medios alternativos para la resolución de conflictos como la conciliación y el arbitraje.
La evaluación de la justicia penal se basa en la efectividad del sistema de investigación, en la atención a la víctima, en una estructura correccional que privilegie la reinserción social y la repetición de la conducta criminal, sin corrupción, imparcial, sin influencias de terceros y donde se respete el debido proceso y los derechos del acusado.
Los primeros seis lugares de la lista y modelo a seguir son países del norte de Europa: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania y Austria, seguidos de Nueva Zelanda, Canadá, Estonia (la gran sorpresa) Australia, Reino Unido, Singapur, Bélgica, Japón, Hong Kong (otra sorpresa, considerando que China ocupa un lejano lugar 82), Francia, Corea, República Checa y en el lugar 20, los Estados Unidos.
Dentro de los países de habla hispana, el mejor calificado es España (21), seguido de Uruguay (23), Costa Rica (24), Chile (25), Argentina (46) y de ahí en adelante los países latinoamericanos restantes ocupan puestos muy bajos en la tabla.
Dentro de las 8 áreas de evaluación antes descritas, México sale mal librado en corrupción (0.29) y acceso a la justicia penal (0.29); la mejor calificación se obtuvo en la restricción a los poderes gubernamentales (0.47).
Con la recién aprobada reforma al artículo 19 constitucional que vulnera el principio de inocencia de los acusados y el incremento en todas las áreas de la criminalidad, es de suponerse que nuestro país seguirá deslizándose en la tabla.
La lucha contra la corrupción que es un eje fundamental en la presidencia de López Obrador enfrenta vicios centenarios difíciles de erradicar y su teoría sobre la pirámide de la virtud no encuentra sustento en la triste realidad del país.
Los datos duros muestran una terrible realidad, pero hoy en día la guerra de cifras y los voluntarismos que crean realidades paralelas pueden esgrimir que hay otros datos donde todo va bien.
