Los datos que presentó el Inegi sobre seguridad confirman el estado de las cosas.
A menudo los ciudadanos con nuestra percepción le damos una definición al estado de las cosas, se dice que lo que nos rodea no es como es, sino como lo percibimos. Pocos temas conjuntan estos elementos como el de la seguridad.
Las autoridades a menudo tratan de atemperar los ánimos y las percepciones. Por más que las políticas públicas vayan alcanzando sus objetivos, todo se puede venir abajo con el simple hecho de que una persona sufra un hecho de violencia.
Sin embargo, entendiendo esta dinámica, es evidente que la situación en materia de seguridad ha tenido muy pocos matices desde que entró el nuevo gobierno. No solamente es la presencia desatada de la delincuencia organizada en algunos estados, son también los delitos del orden común: el robo en el transporte público, casas habitación, en las calles y en las esquinas, por referirnos a lo que los ciudadanos padecemos.
El tema de la delincuencia organizada no puede continuar bajo la máxima presidencial de “abrazos no balazos”. Lo que están viviendo algunos estados muestra el drama de las cosas. Michoacán no ha podido salir de la crisis que se vive en la zona caliente.
El nuncio hizo una visita hace algunas semanas a Aguililla, que sirvió para que la población tuviera una pausa y un día de calma, a la mañana siguiente, las cosas volvieron a la brutal cotidianidad. Todo indica que en función de lo que está pasando la anunciada visita presidencial se seguirá postergando.
Esto pasa en Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, BC, —según el Inegi, Tijuana es la ciudad más violenta del país-, Sonora —el asesinato de Aranza Ramos se suma a los muchos casos de feminicidio— y en más estados, a los que se suma Chiapas.
Pantheló es uno de los 124 municipios de este estado. Su población es superior a 20 mil personas. Desde hace meses se ha desatado un conflicto en que el común denominador es la ausencia de diálogo. La presencia de la delincuencia organizada se ha intensificado ligada al poder político local.
Los habitantes han tomado la decisión de crear un grupo de autodefensa, “Los Machetes”, el cual tiene un abierto apoyo de la población. Uno de los voceros sostuvo que su objetivo es armarse ante “la injusticia para defender su vida y contra los sicarios del narco”.
Con razón el Presidente se opone; sin embargo, su lectura del escenario no es completa, porque la problemática local ha llevado a la población a armarse, como recordemos sucedió en Michoacán. No es que quieran tomar las armas, sino que en función de lo que viven no les queda de otra porque de por medio está su sobrevivencia y la ausencia del Estado, llámese gobierno estatal o federal.
La información del Inegi suma otro dato, 66.6% de la población se siente insegura en la ciudad que habita. Estamos ante la evidencia en donde los datos, la realidad y la percepción van de la mano y se cruzan.
El gobierno debe atender de manera prioritaria esta urgencia. Está entre nosotros, nos rebasa, nos abruma y nos llena de impotencia. El propio Presidente condicionó el futuro de su mandato a lograr cambiar el estado de las cosas en materia de seguridad.
El otro dolor de cabeza que tiene que atender el gobierno tiene que ver con su partido, la mitad de las 50 alcaldías del país con mayor violencia son gobernadas por Morena.
Estamos dirigiéndonos a un callejón sin salida, porque se cruza una estrategia y diagnóstico del gobierno poco eficaz y el deterioro económico que lleva a reacciones ciudadanas inéditas.
RESQUICIOS
Cuba no puede seguir siendo lo que significó y fue. El gobierno no ha entendido que el mundo cambió y con ello también las nuevas generaciones de cubanas y cubanos. Es un momento idóneo para el proceso de cambio, el cual el gobierno debiera encabezar y entender, la historia los juzgará.
Este artículo fue publicado en La Razón el 21 de julio de 2021. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
