A lo largo de esta semana, el presidente López Obrador abordó de manera reiterada el tema de la libertad de expresión y las redes sociales. De hecho, en la conferencia del jueves 14, adelantó a los reporteros que acuden a “La Mañanera” que llevará este tema a la primera reunión del G20 que tenga lugar en este 2021.
No cabe duda que la decisión tomada por las principales plataformas digitales que funcionan bajo el concepto de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube, (esta última, que a la vez es una plataforma de compartición de videos), de suspender las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, unas de manera permanente como Twitter, y otras de manera temporal, como Facebook e Instagram, ha generado un intenso debate a nivel internacional.
No en balde hemos visto importantes piezas editoriales en diarios como The New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post, Financial Times, The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Figaro, Le Monde, Corriere della Sera y El País, o semanarios como The Economist o Der Spiegel, o incluso publicaciones como el Harvard Business Review, en las que se analizan diferentes ángulos relacionados con la decisión de las plataformas tecnológicas para suspender las cuentas de Trump.
Es verdad que hay un debate sobre si es deseable que estas empresas tengan el poder de decidir quién sí puede participar en el debate en las redes sociales o quién no, pero también es verdad que casi todos coinciden en el hecho de que se llegó a esta situación ante la falta de acción y de decisión de los gobiernos para imponer una regulación más firme a las redes sociales. En el mismo sentido, casi todos coinciden en que ha llegado el momento de contar con reglas claras a nivel de ley, que sirvan como disciplina a las redes sociales, de manera tal que se pueda contener la difusión de mensajes que alienten la violencia o promuevan el discurso de odio; de noticias falsas o desinformación; o que busquen manipular a los usuarios, como en su momento se hizo en el terreno político-electoral con la manipulación orquestada mediante la ya famosa Cambridge Analytica en el contexto del referéndum para definir el Brexit, en el Reino Unido, o el proceso electoral de EUA de 2016, en el que triunfó Donald Trump; o bien, que están vinculadas con el terrorismo u otras actividades criminales como la explotación sexual infantil.
Esto es algo que en mi entrega anterior comenté que ya se está disctutiendo a nivel de la Unión Europea y que, particularmente en el caso de Alemania, ya están vigentes disposiciones legales que obligan a las redes sociales a eliminar en un plazo máximo de 24 horas mensajes con contenido que incite a la violencia o promuevan el terrorismo. En caso de no hacerlo, se prevé la imposición de fuertes sanciones.
En la mañanera del jueves 14 de enero, tanto el presidente como el canciller pretendieron hacer creer a la prensa que los demás (gobiernos) piensan igual, que hay un desacuerdo mundial sobre el tema. Pero eso no es necesariamente cierto. Para empezar, la visión europea es que en efecto, las empresas no deben actuar de forma arbitraria por sí mismas, pero sí reconoce la imperiosa necesidad de contar con un marco legal que regule de manera más eficaz a las redes sociales, de forma tal que bajo principios legales claramente definidos, éstas se vean obligadas a tomar medidas para eliminar contenido de carácter criminal, categoría en la que se ubica el discurso de odio o el alentar a la violencia, o bien, a adoptar medidas que protejan de mejor manera la privacidad de los usuarios.
A diferencia de ellos, el presidente López Obrador, piensa que nada justifica poner límites a la libertad de expresión, ni alentar la violencia. El jueves lo expresó con claridad: “…no deben de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad. No a la censura”. De hecho, de lo que he podido leer, una visión similar sobre el tema solo la tienen el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y Santiago Abascal, líder del partido español VOX, identificado con la ultraderecha. Así que llama la atención que la postura del presidente López Obrador se identifique más con la de dos líderes que en el espectro político se identifican más con Trump que con gobiernos progresistas.
Tanto López Obrador, como Bolsonaro y Abascal, coinciden en que ni siquiera los mensajes que inciten la violencia justificarían establecer límites a la libertad de expresión, aspecto con el que de ninguna manera comulgan líderes como Angela Merkel o Emmanuel Macron, quienes sí ven justificable que se impongan límites, pero con base en una regulación emanada de una discusión democrática en sus respectivos parlamentos. Esta es la postura que seguramente prevalecerá en una discusión al interior del G20, porque también coincide con la visión de los demócratas en el Congreso de EUA, por ejemplo.
Lo advierto de manera oportuna, para que el día que se presenten ante nosotros para presumir un acuerdo en el marco del G20, no nos vayamos con la finta de que es el que se deriva de la agenda que habrá de proponerles el presidente mexicano, que aboga por una postura muy alineada a los intereses y visión del saliente Donald Trump, mientras que la que promueven los líderes europeos simplemente busca que los gobiernos fijen las reglas y las empresas las cumplan, y que sea en ese contexto en el que se eliminen mensajes (límites a la libertad de expresión) o se suspendan cuentas.
El planteamiento del presidente López Obrador pareciera estar más motivado por el temor de que estas redes sociales adopten medidas de contención durante el próximo proceso electoral en México, como las que tomaron tardíamente Twitter y Facebok el día del ataque al Capitolio en Washington, EUA.
*El autor es economista.
Twitter: @GerardoFloresR
