El actual gobierno perdona el pago de impuestos a favor de sus amigos y aliados, y lo hace, en forma sobresaliente, para socorrer con miles de millones de pesos a los concesionarios de radio y televisión, lo que contraviene de plano la prohibición de condonar impuestos contenida en la Constitución. Aparte de incurrir en falsedad al pavonearse de lo contrario en los discursos e informes presidenciales, esta conducta provoca severos daños a las finanzas públicas que el gobierno debería cuidar.
En el soliloquio de su Tercer Informe anual, emitido el primero de septiembre desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “No existe el ofensivo privilegio de las condonaciones (de impuestos), estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal”, lo que, respecto a las facilidades fiscales, constituye una mentira que traspasa las fronteras del cinismo. Y no se trata solo de casos particulares, como los del productor de narcoseries Epigmenio Ibarra, quien se ha beneficiado de créditos de la banca pública, de la elusión del pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y de condonaciones de impuestos, ni sólo de otros empresarios cercanos al Palacio Nacional o los intelectuales orgánicos, dedicados a la industria del matraquerismo y el aplauso incondicional de toda ocurrencia presidencial.
Además de recibir en adjudicación directa una buena parte de los contratos del gobierno, los concesionarios de radio y televisión son un sector especialmente beneficiado por las condonaciones fiscales. Como si fuera de su patrimonio personal, López Obrador les condonó el pago en especie del impuesto especial que deben cubrir por ley, en la parte cuyo uso corresponde al Poder Ejecutivo. Esta parte, condonada con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de abril de 2020, abarca anualmente la transmisión de 126 mil horas de radio y 22 mil horas de televisión, lo que en pesos equivale a varios miles de millones.
Con ese decreto el presidente que dice que abolió el neoliberalismo y que terminó con la corrupción, en realidad otorgó un trato privilegiado a grandes magnates, tal y como lo hicieron en sus respectivos sexenios Gustavo Díaz Ordaz y Vicente Fox. En el texto del decreto citado, que reproduce en forma textual lo que contenía el llamado “decretazo” foxista, se afirma que “resulta pertinente reducir la carga regulatoria y fiscal que el Estado ha impuesto a los concesionarios de radio y televisión radiodifundida, ya que se considera que es excesiva”. En aquellos días de inicios de la pandemia, el presidente afirmó que esa medida era una “devolución”, pero en realidad se trata de una infracción flagrante al artículo 28 de la Constitución, que prohíbe en forma expresa las condonaciones de impuestos. El decreto citado constituye, además, un gravoso obsequio a cuenta del patrimonio nacional, pues las empresas concesionarias quedaron en libertad de comercializar los tiempos cedidos, lo que arrojará ganancias por miles de millones de pesos a los concesionarios, principalmente al duopolio televisivo.
Acertó López Obrador cuando en su Tercer Informe dijo que la condonación de impuestos ofende a la sociedad, pero mintió descaradamente cuando dijo que su gobierno dejó de llevarla a cabo. En realidad, lo hace selectivamente para beneficiar a sus correligionarios, aliados y amigos, y lo hace por sistema en el caso de los magnates que son titulares de las concesiones de radio y televisión, con una altísima afectación del patrimonio público. Tal práctica, propia del capitalismo de cuates que se ha denunciado en anteriores entregas de esta columna, ofende en particular a quienes pagan periódicamente las contribuciones a la hacienda pública en los distintos órdenes de gobierno.
Cincelada: los senadores del PAN añoran el franquismo y al anticomunismo de los años cincuenta, tanto como la 4T lo hace con el echeverrismo de los setenta. ¡Válgame…!
