La muerte violenta de nueve integrantes de la familia LeBarón, seis de ellos niños, implicará una reformulación de la política de seguridad de Estados Unidos hacia México.
Esto es así porque quienes murieron, en un ataque del crimen organizado, tienen nacionalidad estadounidense.
Para el presidente Donald Trump la tragedia servirá de pivote para sus propuestas y en particular, para fortalecer la narrativa sobre la necesidad de la construcción de un muro que aísle a los “bad hombres” dejándolos al sur del Río Bravo.
Es más, ya señaló que la muerte de los LeBarón es una llamada de atención sobre la urgencia de levantar esa barrera.
Por pedestre que sea este análisis, le va a seguir funcionando porque en nuestro país las cosas no están bien y es muy probable que no mejoren en lo que respecta a la seguridad.
Esto es así, porque se cometió un error de perspectiva y de análisis al creer que la violencia, y en particular los homicidios, respondían a la acción del propio Estado. Al contrario, la acción del Ejército, la Marina Armada y la Policía Federal, funcionó, en la última década, como un dique a la expansión de las bandas criminales y de la peor de sus facetas: la extorsión a la sociedad.
A estas alturas de la historia, debería estar claro que los operativos que iniciaron en diciembre de 2006, no alborotaron ningún avispero, sino más bien respondieron a escenarios donde los bandidos ya controlaban territorios, “impartían” justicia y cobraban impuestos. La Familia Michoacana es quizá uno de los ejemplos más acabados al respecto.
Por ello no fue casual que los esfuerzos bélicos–porque eso fueron–iniciaran justamente en Michoacán a finales de 2006.
2019 está por convertirse en el año más violento de la historia reciente, lo que desmonta la hipótesis que responsabiliza a los cuerpos de seguridad en lugar de concentrarse en los delincuentes.
En 2018 murieron en asesinatos dolosos 34 mil personas y este año ya lo han hecho 32 mil, lo que proyecta que la cifra llegará, para diciembre a los 35 mil homicidios, de acuerdo con el análisis de Ricardo Márquez Blas. Un desastre, por donde quiera que se le vea.
En los hechos, las nuevas políticas de combate a la criminalidad no han significado una mejoría en los niveles de violencia y sí han mostrado un repliegue del Estado (que tuvo su momento más dramático en Culiacán), pero que de algún modo da pistas de lo que aconteció en la sierra de Sonora y Chihuahua.
El control territorial es indispensable y es justamente lo que se ha debilitado en los últimos meses, con un despliegue no muy lógico de la Guardia Nacional y donde franjas relevantes de esta corporación se ocupan de tareas de control migratorio en la frontera sur y no en la atención a la ola de delitos que aún se padecen.
