El español Carlos Beristain, uno de los investigadores de la CIDH que sacan un millón de dólares al Estado mexicano por el caso Iguala, es experto justamente en sacar plata: se contrató antes para participar en un fraude de 9.5 mil millones de dólares.
Beristain exageró los efectos de un derrame petrolero en Ecuador (del cual fue acusada la Chevron), en una estafa ideada por el abogado estadounidense Steven Donziger, según dictaminó el juez Lewis Kaplan, de la Corte de Distrito de Nueva York.
Como en el caso Iguala, en Lago Agrio Beristain fue contratado como “especialista neutro” por el “perito independiente” Richard Cabrera y ambos se coludieron con Donziger para magnificar el derrame y ganar una denuncia multimillonaria.
Porque a eso se dedican (a falsear para hacer política y dinero) los especialistas que facilitó a los padres de los 43 desaparecidos el político de izquierda (y aspirante a la Presidencia de México en 2018, como independiete) Emilio Álvarez Icaza, desde la CIDH.
De ahí que hasta un gobierno de izquierda, como el de Hugo Chávez, en Venezuela, abandonó la CIDH en 2012, al considerar que es un “sindicato” de juristas dedicado al lucro económico y “al servicio de los intereses más oscuros”.
Sobre dinero y política se asienta la CIDH. En ese sentido, el caso Iguala sirvió a Álvarez Icaza para:
1.- Proponer a los padres (y crear) el grupo de expertos para obtener dinero, a razón de un millón de dólares cada seis meses, con salarios para cada experto de 136 mil pesos y dos millones 292 mil 42 pesos para viáticos, pagados por México.
2.- Regresar a nuestra política con exposición mediática e influencia en la izquierda, principal defensora de la causa de los padres… aunque los normalistas desaparecieron en un municipio gobernado por la izquierda y por órdenes de un alcalde de izquierda al crimen organizado.
¿A quiénes trajo Álvarez Icaza a “investigar”?
1.- Beristain, quien se contrató antes para participar en un fraude de 9.5 mil millones de dólares.
2.- Ángela Buitrago, quien como fiscal de Colombia fabricó testimonios para inculpar por desaparición forzada a un coronel que fue absuelto y la está demandando judicialmente por falsear declaraciones.
3.- Claudia Paz y Paz, quien como fiscal de Guatemala fue acusada por otra ex fiscal de ese país de presionarla para dar trato preferencial y revocar órdenes de aprehensión contra guerrilleros.
4.- El chileno Francisco Cox, quien dobletea con el sueldo del caso Iguala, al cual no se dedica de tiempo completo, pues viaja seguido a Uganda para trabajar en otro tema.
Pues… lo que Chávez había advertido:
Un “sindicato” de juristas dedicado al lucro económico y “al servicio de los intereses más oscuros”.
Este artículo fue publicado en La Razón el 29 de Febrero de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
